A través de una denuncia ciudadana se expuso una presunta red de corrupción que opera en la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Veracruz Norte, en donde funcionarios de la dependencia extorsionan a trabajadores y favorecen a proveedores para conseguir favores políticos, contratos, dádivas y moches.
Según la denuncia que hizo pública la periodista Claudia Guerrero Martínez, la red estaría operada por Francisco Javier Allerdi, esposo de María de Lourdes Carranza Bernal, delegada del IMSS Veracruz Norte, sobre quien pesan reportes de actividades irregulares en dicha dependencia, como fue publicado el pasado 13 de septiembre de 2021 en diversos medios de comunicación.
La pareja habría tejido una red tráfico de influencias para asignar licitaciones irregulares como la AA-050GYR014-E1007-2020 y LA-050GYR014-E11-2021, para el servicio de hemodiálisis enfermos renales, a empresas como Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía SA de CV, la cual a través de Gifyt SA de CV incumplió en los contratos pactados, lo que habría derivado en el fallecimiento de pacientes.
Dicha empresa está relacionada con Carlos Navarrete, amigo de Francisco Javier Allerdi, quien es hijo de Carlos Alberto Navarrete Escobar, ex Subsecretario de Salud estatal durante la gubernatura del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Tras la revisión del caso y ya con Zoé Robledo como Director General del IMSS, a la empresa Gifyt SA de CV le fue retirada la concesión tras comprobarse el pésimo estado de sus instalaciones, las cuales se inundaban al llover y así eran atendidos los pacientes.
Entre los personajes señalados dentro de la red destaca Marco Antonio Madrid Valencia, representante legal de la Delegación referida, “siempre hemos sabido que es una persona muy deshonesta y que cobra grandes cantidades de dinero por las plazas del IMSS”, se lee en la denuncia pública.
Madrid Valencia se habría enriquecido por la venta de plazas colocando a amigos y familiares, y los mismos trabajadores han confirmado que personas sin experiencia habrían asumido puestos estratégicos que personal calificado y con mayor antigüedad debió acceder, en detrimento del crecimiento laboral del personal interno y afectación en la calidad del servicio a derechohabientes.
Sobre esta red de tráfico de influencias también han habido múltiples denuncias internas sobre extorsiones al personal, quien ve mermado su ingreso quincenal con pretexto de “donaciones al patronato”, entre otras prácticas deshonestas, además de constantes denuncias sobre acoso sexual y laboral contra Francisco Javier Allerdi por empleadas gubernamentales.
Otro pilar de esta red sería Ana Laura Puig Lagunes, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el IMSS Veracruz, y contra quien pesan múltiples acusaciones por favorecer a empresas con licitaciones a modo.
Como ejemplo está el caso del proceso de adquisición de cartuchos, que en lugar de su reabastecimiento con nuevos productos se distribuyen tóners usados, tal cual se reportó en la Delegación IMSS Tamaulipas. Fue en la licitación LA-050GYR014-E93-2020, donde se especificaba que “será motivo de descalificación no ofertar tóners nuevos, usados, remanufacturados, o reciclados”.
A pesar de esto se habría favorecido la empresa estadounidense Lemark, conocida por realizar dichas prácticas desleales, y que en el caso de Tamaulipas, se le detectó un sobrecostos de hasta 400%.
Otro escándalo en licitaciones de esta Delegación lo hizo público el diario de circulación nacional MILENIO, quien sacó a la luz una licitación de cubrebocas adquiridas a sobreprecio, tras la revisión del caso el mismo medio reportó: “El IMSS canceló la compra de más de 208 mil cubrebocas, que se había concretado el viernes, a 3.50 pesos cada una, lo que implicaba un sobrecosto de más de 400 por ciento, comparado con el precio que tenían en el 2019, cuando estaban a 60 centavos”.
Se espera que dicha denuncia sea atendida por el gobernador Cuitláhuac García y revisada por el director del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.
