Durango enfrenta una crisis de violencia de género que no muestra señales de disminuir. El caso de Karla Nallely, hallada mutilada en diferentes puntos de la ciudad tras cuatro días desaparecida, refleja la alarmante realidad de un estado que en 2024 ha registrado 14 feminicidios y más de 2,347 denuncias por violencia familiar en solo tres meses, según la Fiscalía General del Estado.
A pesar de la implementación del Programa Integral Contra la Violencia de Género en 2023, un informe del Observatorio Ciudadano de Durango revela que solo el 12% del presupuesto destinado al programa fue ejercido en 2024. Además, tres de cada diez municipios carecen de refugios para víctimas y el Banco Estatal de Datos sobre Violencia lleva ocho meses sin actualizarse.
Colectivos feministas denunciaron una simulación gubernamental, argumentando que mientras se invierten millones en imagen pública, las instituciones encargadas de la seguridad y justicia para las mujeres permanecen ineficientes e inaccesibles.
Las cifras oficiales reflejan una tasa de feminicidios que ha crecido un 18% en comparación con el último año de la administración anterior (2021), mientras que el tiempo para iniciar una carpeta de investigación por violencia de género aumentó de 14 a 29 días. Actualmente, Durango tiene 16 municipios en Alerta de Violencia de Género, pero solo una de las 33 recomendaciones ha sido cumplida.
Durante la marcha del 8 de marzo, miles de mujeres recordaron los feminicidios de Eva Liliana Montelongo Hernández e Ixchel Yadira Leyva Fernández, denunciando la indiferencia de las autoridades y la creciente inseguridad que enfrentan en su vida cotidiana.
El 25 de julio de 2024, el gobernador Esteban Villegas declaró que su administración tomaría medidas contra la violencia de género. Sin embargo, ocho meses después, los resultados muestran lo contrario: 5 mil denuncias por violencia familiar, 12 feminicidios y un extrañamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que señala el incumplimiento del 82% de sus resoluciones en Durango.
En Durango capital, la crisis es aún más evidente. El 61% de los casos de violencia familiar y de género se concentran en este municipio, donde el Instituto Municipal de la Mujer ha normalizado la situación, tratándola como un “delito común”. En 2024, la violencia familiar fue el delito más denunciado en la historia de la ciudad, con un vínculo directo con problemas de adicciones, un tema que sigue sin atenderse por parte del alcalde Toño Ochoa y el gobernador Villegas.
El 98% de los delitos sexuales no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, y la activista Julieta Hernández Camargo señala que Durango es uno de los estados con mayor impunidad en casos de violencia de género.
La comunidad internacional ha tomado nota de la situación. La Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer declaró en su visita a Durango que el estado presenta “patrones alarmantes de impunidad estructural”, un diagnóstico respaldado por Amnistía Internacional, que lo coloca entre los cinco estados con menor acceso a la justicia para mujeres.
En respuesta a la inacción gubernamental, el colectivo “Ni Una Más Durango” presentó en febrero un plan con 32 acciones concretas, incluyendo la creación de juzgados especializados, protección para activistas y un sistema eficiente de seguimiento a órdenes de restricción. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno estatal y la alcaldía de Durango no han dado señales de implementar cambios sustanciales en su estrategia.
