La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se mantiene firme en su decisión de iniciar un procedimiento formal para investigar las desapariciones forzadas en México, un tema que ha generado controversia en el país. A través de un comunicado oficial, el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU defendió su resolución, destacando que la decisión se basa en “indicios bien fundados” y en denuncias recibidas sobre la presunta práctica generalizada de desapariciones forzadas en el territorio mexicano.
El Comité, que se encarga de velar por la protección de las personas contra la desaparición forzada, subrayó que el procedimiento fue activado de acuerdo con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este artículo permite llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU si se reciben denuncias que sugieren que este delito se comete de manera sistemática o generalizada en un país. Según el Comité, las denuncias de desapariciones forzadas en México serán cuidadosamente analizadas, y las autoridades mexicanas tendrán que proporcionar información sobre los casos.
Olivier de Frouville, presidente del Comité, declaró que la situación en México es “preocupante”, lo que motivó la decisión de activar este procedimiento urgente. Además, resaltó que la ONU ha actuado con responsabilidad y cuidado, resaltando que México ha mostrado apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con los mecanismos de derechos humanos.
La controversia se intensificó después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negara la existencia de desapariciones forzadas perpetradas por el Estado. En su conferencia matutina del 8 de abril, Sheinbaum argumentó que las desapariciones son producto de la delincuencia organizada, no de acciones gubernamentales. Ante esto, la ONU aclaró que, según el derecho internacional, las desapariciones forzadas pueden ser llevadas a cabo no solo por agentes del Estado, sino también por grupos con su autorización o aquiescencia, lo que incluye a organizaciones políticas y paramilitares.
El Comité también detalló que la desaparición forzada, según la Convención, implica la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona. Esta práctica, cuando es generalizada, constituye un crimen de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
Este procedimiento es el primero de su tipo en México, lo que pone al país bajo un intensificado escrutinio internacional. A pesar de la resistencia por parte de algunos sectores del gobierno y el Senado, que incluso han solicitado la destitución de Frouville, la ONU ha reiterado la importancia de mantener el diálogo y la cooperación con las autoridades mexicanas para abordar la crisis de las desapariciones forzadas.
México enfrenta una grave crisis de desapariciones, con más de 124 mil personas desaparecidas hasta principios de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas. La ONU considera que la activación de este procedimiento es un paso necesario para esclarecer la magnitud del fenómeno y garantizar la protección de las víctimas, mientras que diversos sectores del gobierno mexicano insisten en que la responsabilidad recae en grupos criminales, no en el Estado.
