La Sala Superior del Tribunal Electoral avaló, entre desacuerdos, que la Presidencia, legisladores, gobernadores y servidores públicos en general puedan promover la participación de la elección judicial, pero sin impulsar a candidaturas en particular.
Con tres votos a favor (Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes), y dos en contra (Janine Otálora y Reyes Rodríguez), se modificó el acuerdo del INE que establecía la prohibición para que servidores públicos no utilicen recursos públicos para la difusión de la elección, al ser una facultad del órgano electoral.
La sentencia establece que las personas legisladoras federales podrán promover la elección judicial en cualquier otro medio que permita comunicar la promoción, siempre y cuando los recursos públicos utilizados estén destinados a la comunicación social con fines constitucionalmente lícitos, sin algún tipo de sesgo o apoyo a determinada candidatura.
La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, expresó su desconcierto porque el INE emitió un acuerdo que, a su consideración, limita la participación de la ciudadanía y pareciera una elección “silenciosa”.
En contra de la propuesta, la magistrada Janine Otálora subrayó que la ley prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para promoción y propaganda, lo que blinda la imparcialidad del proceso electoral.
Señaló que permitir la promoción por parte de otras autoridades supondría admitir que pueden hacer un trabajo más profesional del INE, o que no confían en la autoridad electoral para que realice esas actividades.
