La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó hoy, en definitiva, los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar siete créditos fiscales cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos.
De esta forma, el empresario deberá pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 33 mil 306 millones de pesos en impuestos.
Los ministros resolvieron este jueves revocar la decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para revisar el amparo que la empresa promovió contra el pago de dicha cantidad derivado del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que no cumple con los requisitos de la ley para que sea revisado por el Alto Tribunal.
Por unanimidad, la Corte resolvió que ninguno de los recursos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego planteaba algún tema novedoso o relevante de interpretación Constitucional, por lo que no ameritaban un estudio de fondo.
La Corte, por tanto, no hizo pronunciamiento alguno sobre la legalidad de las resoluciones del SAT, cinco contra Elektra y dos contra TV Azteca, que ya habían sido revisadas y confirmadas por varios tribunales colegiados. Ningún Ministro o Ministra argumentó en favor de las empresas quejosas, y las intervenciones solo fueron para sintetizar los proyectos y pedir algunas correcciones menores.
Los 33 mil 477 millones de pesos son el monto de los créditos cuando fueron fincados, sumando el ISR omitido, más multas, actualizaciones y recargos que existían hasta entonces, pero no incluyen el crecimiento acumulado en los últimos años.
Lo anterior, si las empresas no pagan voluntariamente. Grupo Salinas propuso en octubre un pago global máximo de 8 mil 964 millones de pesos, pero el gobierno ni siquiera le respondió formalmente.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que “como es del dominio público este asunto fue ampliamente litigado, en particular se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 solicitudes de facultad de atracción, dos conflictos competenciales”.
La Suprema Corte negó el impedimento promovido por grupo Salinas, para que la ministra Lenia Batres Guadarrma, no participe en la resolución de los amparos directos que interpuso la empresa sobre sus créditos fiscales.
