Empresarios del Estado de México han sido amedrentados por una red de empresas de seguridad privada que se dedica a extorsionar, traficar armas, así como a robar, y que ahora se disputan el control del territorio mexiquense.
A partir de una denuncia ciudadana se identificó que las empresas Serprosep y Seter armaron de manera ilegal a cerca de 80 personas vinculadas con grupos delictivos y líderes criminales como Arnold Tamé, acusado por delitos de robo de combustible, estafa y contrabando.
Dichas compañías operan con licencias colectivas en la modalidad de escoltas, pero proveen de armas ilegales que se utilizan para generar violencia no solo en el Estado de México, sino también en la Ciudad de México, Tamaulipas y Monterrey.
De acuerdo con una investigación del medio Radiografía Informativa, Serprosep y Seter operan con total impunidad en territorio mexiquense con el supuesto respaldo del fiscal general del Edomex, José Luis Cervantes Martínez.
Las denuncias advierten que la corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha permitido que ganen adjudicaciones directas para brindar seguridad privada en el Tren Interurbano México-Toluca y Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
Se presume que al frente de la red de tráfico de armas se encuentra el empresario Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, quien inició en seguridad privada como accionista de la empresa SEICSA, en la cual habría robado activos para crear su propia empresa de seguridad privada.
Existen documentos que prueban la ilegalidad con la que operan estas empresas e incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontró graves irregularidades en su documentación.
A esto se suma que en 2023 fue detenido un hombre armado, identificado como Alejandro ‘N’, quien trabajaba para una de estas empresas de seguridad privada y que agredió a balazos a un automovilista en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
Al agresor se le detuvo por el delito de disparo con arma de fuego y portación sin licencia, después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descubriera que la licencia que expidieron Serprosep y Seter era ilegal.
Se sabe que estas empresas reclutan a sicarios ligados a grupos criminales, a quienes entregan credenciales y documentación para aparentar que la portación de las armas es legal.
Sin embargo, investigaciones han revelado que en realidad las armas son utilizadas para cometer delitos y disputarse los territorios del Estado de México con otros grupos de choque que operan en la zona.
