La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una auditoría fiscal a Jet Van Car Rental, empresa de arrendamiento automotriz, tras identificar irregularidades que podrían haber causado un daño millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Según la auditoría forense número 2123 de la ASF, en el año 2022, Jet Van Car Rental pudo haber causado un perjuicio a la hacienda pública federal por 8 millones 935 mil 828 pesos al no comprobar la ubicación y resguardo de 15 unidades vehiculares, contratadas por Segalmex.
Segalmex le adjudicó el contrato CSS/024/2019 para el arrendamiento sin opción a compra de vehículos terrestre de carga y gran carga, pero la compañía incumplió con obligaciones contractuales.
Entre los incumplimientos, la ASF enumera que no encontró evidencia documental de la operación del sistema de rastreo satelital “GPS”, que asegure contar con interrupción de energía en cada vehículo; tampoco se tiene certeza de que la compañía haya reparado a tiempo las unidades que circulan en la Ciudad de México y área metropolitana.
La ASF pidió al SAT que audite a esta empresa para comprobar si cumple con sus obligaciones fiscales. Esto luego de que identificó que en 2022 no presentó movimientos en su Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
No obstante, la empresa Forza Arrendadora Automotriz, otra proveedora de Segalmex, reportó en su DIOT del año 2022 que tuvo operaciones con Jet Van Car Rental.
“Sin embargo, de la revisión de las operaciones bancarias de Forza Arrendadora Automotriz se identificó, que el importe reportado al SAT es menor al transferido a Jet Van Car Rental”, se alerta en la auditoría que fue entregada a la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que en marzo de 2022, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que “César Gerardo Matamoros Vargas ha fungido como representante de Forza Arrendadora Automotriz y Jet Van Car Rental en procesos de contratación, lo cual incluso ha alertado a autoridades por un presunto conflicto de interés. La primera compañía ganó contratos para el aeropuerto de Santa Lucía a la par que estaba en curso un procedimiento de sanción para la segunda empresa”.
La ASF también pidió al SAT auditar a Forza Arrendadora Automotriz ante inconsistencias en sus documentos fiscales.
