La reciente clausura del casino Winpot en Pachuca, Hidalgo, ha desatado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con funcionarios estatales y empresarios con vínculos en la industria de los casinos. Más de 200 trabajadores se han visto perjudicados por la decisión tomada por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), dirigida por Luis Alberto Mercado Hernández. La medida ha sorprendido, dado que el casino contaba con los permisos pertinentes para operar.
Desde el ámbito empresarial y político, ha crecido la preocupación por la falta de intervención del gobernador Julio Menchaca Salazar, incluso cuando existen resoluciones judiciales que instruyen la reapertura del establecimiento. Este hecho ha alimentado sospechas sobre intereses ocultos detrás de la clausura.
Documentos obtenidos por este medio indican que el casino Vía Dorada, ubicado a menos de un kilómetro de Winpot, podría haberse beneficiado por el cierre de su competidor directo. El establecimiento es operado por las compañías Petolof S.A. de C.V. y Hermes S.A. de C.V., cuyas acciones están vinculadas a Elías Marianno Gil Valdez, actual secretario de Administración del estado de Hidalgo.
Elías Marianno Gil Valdez es hijo de Sergio Jacinto Gil García, principal accionista de Petolof y quien ha sido señalado en investigaciones previas por su presunta participación en una red de corrupción ligada con la Dirección General de Juegos y Sorteos, dependencia de la Secretaría de Gobernación. En 2022, Gil García fue acusado de solicitar “moches” a casineros a cambio de permitirles operar sin sanciones.
Además, fuentes documentadas indican que Gil García inauguró un casino en San Jerónimo, lo que contraviene las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había asegurado que no se permitirían nuevos casinos bajo su administración.
Registros oficiales también apuntan a que Juan Carlos Martínez Domínguez, conocido como “el hombre del pantalón”, es otro de los accionistas de Hermes S.A. de C.V. Según investigaciones de medios nacionales, Martínez Domínguez ha estado involucrado en diversas acusaciones de corrupción y fraude.
Entre los señalamientos más destacados se encuentra su implicación en la “Estafa Siniestra”, un esquema de desvío de recursos públicos a través de empresas fachada. Además, se le vincula con la venta de tabletas de origen chino a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, operación que, según se señala, se realizó sin licitación y por adjudicación directa.
También se ha mencionado a Martínez Domínguez como un operador financiero clave durante el gobierno del exgobernador Omar Fayad, en el que habría colaborado en la adjudicación de contratos directos y proyectos inmobiliarios, como el desarrollo del centro comercial Vía Dorada, situado cerca del casino afectado.
Desobedecen resoluciones judiciales
El casino Winpot, con más de 18 años de funcionamiento, tiene áreas habilitadas para fumadores conforme a la legislación vigente. Sin embargo, el 4 de diciembre fue clausurado por presuntas infracciones a la Ley General para el Control del Tabaco. Los representantes del casino, que ya habían interpuesto un amparo y una suspensión, sostienen que se les permitió continuar operando sin estar sujetos a estas normativas.
El 9 y el 27 de diciembre, un juez federal ordenó la reapertura del casino, pero según los operadores, la Copriseh ha desobedecido estas órdenes judiciales, dejando al establecimiento cerrado y afectando a más de 200 familias.
La falta de acción por parte del gobernador Julio Menchaca Salazar ha generado críticas sobre su compromiso con la transparencia y la legalidad. Líderes del Consejo Coordinador Empresarial y otros actores políticos han expresado su preocupación, indicando que este caso no solo perjudica a los empleados del casino, sino que también pone en tela de juicio la integridad de la administración estatal frente a posibles conflictos de interés relacionados con altos funcionarios.
