Guanajuato se consolidó como el único estado del país donde los homicidios continúan en ascenso. De acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los asesinatos en la entidad aumentaron un 23.4 % en los últimos meses, mientras que a nivel nacional se registró una reducción del 23.8 % respecto a 2018.
Durante la conferencia matutina del 11 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta del país, al concentrar el 15.2 % de los homicidios en enero de este año. “La certidumbre jurídica es lo más importante para nosotros”, afirmó la mandataria, al tiempo que anunció que su gobierno reforzará la coordinación con las autoridades estatales para hacer frente a la crisis de seguridad.
El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló que, mientras el promedio diario de homicidios en el país bajó de 100.5 en 2018 a 76.5 en enero de 2025, en Guanajuato la situación ha seguido una ruta inversa. Desde septiembre de 2024, cuando Sheinbaum asumió la presidencia, la incidencia delictiva nacional ha caído un 12 %, pero en la entidad los homicidios diarios pasaron de 9.4 a 11.6 en enero de 2025.
La concentración de homicidios también sigue marcada por ciertas regiones. Siete estados concentran el 53.1 % de los asesinatos registrados en el país. A Guanajuato le siguen Baja California (7.9 %), Estado de México (6.5 %), Chihuahua (6.4 %), Sinaloa (6.2 %), Michoacán (5.6 %) y Jalisco (5.2 %).
Irregularidades en el sector salud agravan la crisis
La inseguridad no es el único problema que enfrenta Guanajuato. El secretario de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, es señalado por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos millonarios a empresas fantasma y a compañías ligadas a funcionarios públicos.
Una denuncia presentada ante la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del ISSSTE lo vincula con la firma de contratos con al menos ocho empresas cuyos domicilios fiscales son inexistentes. Entre estas, Grupo GTO de Comercio y Mantenimiento SAPI recibió 11 contratos entre 2020 y 2024 por un monto de 9.2 millones de pesos, cinco de ellos autorizados directamente por Cortés Alcalá.
Otro caso citado en la denuncia es el de Soluciones Médicas Vitalcorp S.A. de C.V., empresa que desde 2021 ha recibido 27 contratos con el ISSSTE, de los cuales 17 fueron asignados entre 2023 y 2024, acumulando 9.6 millones de pesos. Al ser verificado su domicilio fiscal, resultó ser una casa de interés social deshabitada.
La gestión de Cortés Alcalá también ha derivado en una fuga de profesionales del sector salud. Desde su nombramiento como secretario, 13 funcionarios médicos y administrativos han renunciado a sus cargos, denunciando condiciones adversas y cambios en la estructura de la dependencia. La migración de personal ha generado un déficit de especialistas en la entidad, afectando la calidad de los servicios de salud.
En medio de esta crisis de seguridad y salud, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo enfrenta cuestionamientos sobre la eficacia de su administración. La mandataria, quien busca consolidarse como una de las figuras más relevantes dentro del Partido Acción Nacional (PAN), está bajo presión tanto por el fracaso en la contención de la violencia como por las denuncias de corrupción en su gabinete.
