En una jornada de protesta sin precedentes, trabajadores del sector Gas LP tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir la revisión de la tarifa de distribución, la cual, denuncian, ha permanecido durante seis meses por debajo del punto de equilibrio, comprometiendo la estabilidad del sector y poniendo en riesgo el abasto del energético.
Los manifestantes señalaron que la tarifa, establecida por la ahora extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), no tomó en cuenta los costos reales de operación, lo que ha derivado en una crisis financiera para el sector.
En el centro de la polémica se encuentra Alejandro Castillo, director de Mercados de la CRE, a quien acusan de haber realizado un cálculo erróneo que ahora deberá ser revisado por el subsecretario de Energía, Juan José Vidal Amaro.
El problema, advierten los transportistas, ha derivado en despidos masivos y un deterioro en la seguridad operativa, además de afectar el suministro oportuno de un recurso esencial para millones de hogares y múltiples sectores productivos.
De acuerdo con los trabajadores sindicalizados, la tarifa actual no cubre ni los costos mínimos para la distribución del Gas LP, lo que ha provocado la eliminación de miles de empleos en todo el país y ha afectado directamente a las familias de quienes dependen de esta industria.
“En un momento en donde la situación económica es muy difícil para muchas familias, se debería incentivar el empleo”, expresaron los manifestantes durante la movilización.
El día de hoy, cientos de pipas recorrieron las principales avenidas de la capital para llegar a la sede de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González Escobar, donde exigieron ser escuchados por las autoridades. Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta oficial a sus demandas.
El Gas LP es utilizado diariamente por más de 100 millones de personas en sus hogares, además de ser fundamental para hospitales, escuelas, tortillerías, panaderías, restaurantes, hoteles y otros sectores económicos. Los trabajadores del sector advirtieron que la falta de recursos derivados de la tarifa insuficiente podría afectar la continuidad del servicio y la seguridad de las operaciones.
Desde 2021, el Gas LP es el único producto de la canasta básica que ha experimentado una reducción de más del 20% en su precio de venta, lo que ha limitado la inversión en infraestructura y restringido la cobertura de distribución en diversas regiones del país.
“La tarifa de distribución insuficiente no permite realizar las inversiones indispensables en mantenimiento de instalaciones, lo que pone en riesgo la seguridad de millones de usuarios”, alertaron los transportistas.
Actualmente, la industria opera con 1,113 plantas de distribución, 4 mil estaciones de servicio y más de 32 mil vehículos de reparto. Sin embargo, la falta de inversión en mantenimiento y modernización compromete la seguridad de estas instalaciones y la de los 200 mil empleados que dependen del sector.
