Presuntas anomalías en el funcionamiento de la Dirección de Movilidad y Transporte de Morelos fueron señaladas por ciudadanos, quienes manifestaron su inconformidad en distintos medios. Las quejas apuntan a la intervención de gestores que, mediante pagos en efectivo, agilizan procesos de forma irregular, además de la deficiente organización que deriva en demoras y extensas filas.
A pesar de que la gobernadora Margarita González Saravia asumió el cargo en octubre de 2024 con el compromiso de erradicar la corrupción y mejorar la eficiencia en trámites vehiculares, los reportes periodísticos han puesto en evidencia la persistencia de prácticas ilegales.
Desde su llegada, la administración estatal reestructuró la Secretaría de Movilidad y Transporte, la integró a la Secretaría de Gobierno y nombró a Josué Fernández Fernández como su titular. En noviembre de 2024, el funcionario reconoció públicamente la existencia de cobros indebidos y tráfico de influencias dentro de la dependencia. Sin embargo, las quejas continuaron y, tras múltiples señalamientos de ciudadanos y transportistas, en febrero de 2025 fue destituido.
El secretario general de Gobierno, Juan Salgado Brito, confirmó la salida del funcionario debido a “evidencias contundentes” de actos ilícitos, aunque no detalló los hechos específicos. En su lugar, la gobernadora nombró a Jorge Alberto Barrera Toledo, exdiputado federal por Morena, con la encomienda de recuperar la confianza ciudadana y garantizar un sistema de movilidad eficiente y transparente. No obstante, a pesar del relevo en la dirección, reportes periodísticos han documentado que las irregularidades persisten.
Según denuncias expuestas en medios de comunicación, una red de gestores continúa operando en módulos de atención, con el respaldo de funcionarios, para agilizar procesos a cambio de pagos que van de los 800 a los 2,500 pesos. Esta estructura estaría encabezada por Martín Dámaso, alias “El Negro”, exjefe de revista mecánica (2006-2012) y director del servicio público, privado y particular (2018-2024). Junto con colaboradores como el exsecretario de Gobierno, Héctor Pablo Ojeda Cárdenas; Federico Gómez, Fabián Figueroa, Francisco Arce Catalán, Primo Galindo Bolaños, Carlos Estrada (“El Charly”), Diego Olea y Patricia Yáñez, habrían operado un esquema en el que trámites como el emplacamiento de vehículos de lujo o cambios de propietario generaban ganancias de hasta 1,250 pesos por cada cien mil pesos de valor comercial.
Problemas en la atención y escasez de placas
Además de los señalamientos de corrupción, ciudadanos han denunciado la ineficiencia en la atención. Para realizar trámites, muchos deben acudir desde las 4 o 5 de la mañana para obtener turno, sin garantía de ser atendidos. Las largas esperas han generado inconformidad y protestas, lo que evidencia una crisis de operatividad que se suma a las irregularidades reportadas.
Usuarios han declarado en medios locales y nacionales que, tras invertir horas en fila, solo reciben un permiso temporal impreso en hoja de papel en lugar de sus placas definitivas. Actualmente, la escasez de placas metálicas ha obligado a las autoridades a emitir estos documentos provisionales sin ofrecer una solución clara sobre cuándo se normalizará el suministro, lo que ha generado mayor molestia entre los automovilistas.
Este caso ha sido ampliamente cubierto por medios locales y nacionales en el marco de otros cuestionamientos a la administración estatal, que enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
Aunque la gobernadora González Saravia ha insistido en su compromiso con la transparencia, la permanencia de estas prácticas dentro de la Dirección de Movilidad y Transporte genera dudas sobre la efectividad de sus medidas. La presión sobre su gobierno crece ante la exigencia de acciones concretas que pongan fin a estos problemas.
