Altor, la consultora financiera fundada en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha conseguido múltiples contratos en la actual administración federal. En los últimos años, la firma ha recibido adjudicaciones clave en proyectos prioritarios de la Cuarta Transformación.
De acuerdo con una investigación de EL CEO, Altor ha obtenido más de 30 contratos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ingresos que superan los 40.2 millones de pesos. Entre los proyectos destacan la asesoría financiera para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A pesar de su crecimiento, la firma ha sido objeto de señalamientos. En 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le impuso sanciones. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también la identificó como un contribuyente incumplido ante el SAT. Sin embargo, esto no ha impedido que continúe obteniendo contratos gubernamentales.
La empresa también ha expandido su influencia en el sector financiero. En 2024, inauguró su propia casa de bolsa con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), permitiéndole captar 2 mil 500 millones de pesos mediante un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para financiar infraestructura pública.
Altor ha participado en la reestructuración de deuda de ocho estados, incluyendo Jalisco, Oaxaca y Nuevo León, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos. Solo en Jalisco, su asesoría financiera costó 78.9 millones, mientras que en Oaxaca obtuvo 3.4 millones por la gestión de créditos de corto plazo.
La firma también ha incursionado en la adquisición de empresas en crisis. En 2023, compró los derechos litigiosos del Ingenio Puga y de Copaco, en Nayarit, adquiriendo deudas por cinco millones de dólares. Otros acreedores, como Sucroliq, han acusado a Altor de utilizar esta estrategia para tomar el control de las compañías, despojando a otros inversionistas.
El caso del Ingenio Puga sigue en litigio, a la espera de una resolución judicial sobre la validez del convenio concursal que podría favorecer a la consultora. Mientras tanto, la firma sigue ampliando su participación tanto en el sector público como en el financiero.
Con una estrategia similar a la utilizada en su momento por Protego y Evercore, Altor se ha convertido en un actor clave dentro del sistema financiero mexicano, despertando interrogantes sobre la relación entre tecnocracia, negocios y poder político en la administración actual.
