Irregularidades como la falsificación de documentos y la inhabilitación vigente de una filial en Guanajuato no impidieron que el conglomerado liderado por Edgar Beltrán Barona, integrado por Grupo Ferbel y empresas asociadas, busque un nuevo contrato para suministrar motocicletas en la Ciudad de México.
La Secretaría de Finanzas de Guanajuato sancionó a Ferbel Norte, una de sus filiales, en 2024 por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector, lo que derivó en su inhabilitación hasta 2027, de acuerdo con el portal de compras públicas. A pesar de ello, fuentes extraoficiales de la administración capitalina indican que Grupo Ferbel busca integrarse al siguiente proceso de suministro de vehículos de dos ruedas.
En 2024, la entonces Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a Sumacortec con una inhabilitación de tres meses para participar en contrataciones públicas, tras proporcionar información falsa en su intento por obtener un contrato para el suministro de radiopatrullas para los Ángeles Verdes. Esta medida, también de carácter económico, derivó del procedimiento LA-21-510-021000999-N-60-2023, ejecutado por la Secretaría de Turismo (Sectur) en 2023. No se trata de la única irregularidad en el historial de la empresa de Beltrán Barona.
Aunque fue constituida en 2011 por Fernando Beltrán, su esposa Pilar Barona y Edgar Beltrán, Sumacortec, integrante de Grupo Ferbel, no comenzó a participar en contrataciones gubernamentales sino hasta 2020. Desde entonces, estableció convenios con instancias como la Secretaría de Marina, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como con los gobiernos de Durango, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes.
Sin la inclusión de un testigo social, como lo ordena la ley para adquisiciones mayores a 350 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó en 2015 un contrato a Ferbel del Norte para arrendar más de 6 mil vehículos, situación que motivó una denuncia del PAN ante la entonces Procuraduría General de la República.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Casanova Vallejo, empresa de los hermanos Joaquín y Carlos Echenique, fue señalada en medios como una de las que más contratos obtuvo; además, en mayo pasado, un contrato por 171 millones de pesos derivó en el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.
Los perjuicios al municipio fueron consecuencia de la decisión de Casanova Vallejo de subcontratar a Grinleasing, firma sin historial en la materia y de creación reciente, para encargarse del suministro de autos.
