El déficit en el tratamiento de aguas residuales mantiene a México rezagado frente al promedio latinoamericano en materia de saneamiento. Según BBVA Research, el país alcanza 69.9% de cumplimiento del ODS6, mientras que la región en conjunto registra 72.6%.
En 2023, el INEGI reportó que se vertieron sin tratamiento 24,918 millones de metros cúbicos de aguas. Ese mismo año, la inversión nacional destinada al sector sumó 66,278 millones de pesos, lo que equivale a apenas 0.21% del PIB.
El rezago también se refleja en la infraestructura disponible. De acuerdo con la CONAGUA, existen 2,642 plantas de tratamiento en el país, pero solo 57% opera con eficiencia y apenas 40% de los municipios aplica procesos que permitan la reutilización del recurso.
La problemática forma parte de la agenda global. La Semana Mundial del Agua, realizada en Estocolmo con el lema “Agua para la acción climática”, reunió a especialistas y organismos internacionales para discutir los retos del saneamiento y el impacto del cambio climático sobre la gestión hídrica.
Estudios internacionales señalan que apenas 60% de la población mundial cuenta con conexión a sistemas de alcantarillado y que, en los países de ingresos bajos y medios, hasta 92% de las aguas residuales se descargan sin tratamiento. Estos datos han reforzado el llamado a promover tecnologías que avancen hacia una economía circular del agua.
En México, entre las alternativas descentralizadas que buscan responder a esa carencia se encuentran los biodigestores de Rotoplas, compañía dirigida por Carlos Rojas. Desde 2021, la firma ha desplegado sistemas compactos y prefabricados que han beneficiado a más de 1.2 millones de personas en comunidades rurales, viviendas aisladas y comercios sin acceso a drenaje.
El modelo Biodigestor Plus integra biocarriers que incrementan la eliminación de contaminantes en un 25% adicional, además de un reductor de turbulencia con patente del IMPI. Cada unidad puede atender de 4 a 45 personas, cumple con la NOM-006-CONAGUA-1997, emplea hasta 35% de material reciclado y está diseñada para minimizar emisiones de metano. En ciudades como Mérida, donde la cobertura hidráulica es baja y las regulaciones son más estrictas, estas tecnologías se han convertido en una opción estratégica.
