Bajo sospecha quedó la adjudicación de un servicio integral de limpieza por más de 2 mil 500 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), debido a la presunta cercanía de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración, con proveedores identificados como el “Cártel de la Limpieza”.
En el centro de las inquietudes figura la empresa Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V.; versiones internas sostienen que Tapia Santoyo habría favorecido antes a firmas ligadas al grupo encabezado por José Juan Reyes, y que la asignación reciente refuerza esas dudas.
El procedimiento IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025 tuvo fallo el 21 de mayo y se formalizó al día siguiente; no obstante, quedó a revisión por la inconformidad radicada bajo el expediente PI/03/2025.
Pese a que el Órgano Interno de Control determinó la suspensión de oficio del procedimiento, la Secretaría de Administración continuó con la formalización del instrumento jurídico, apartándose de la recomendación del titular del OIC en el IPN.
De carácter abierto y multianual, el contrato con Retimar contempla suministro de personal, insumos y equipo para distintas dependencias del Politécnico durante los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028.
El historial de Tapia Santoyo ya registraba una denuncia de Tojil ante la FGR por presuntas irregularidades en contrataciones cuando fue funcionario del ISSSTE.
Según esa investigación, en 2018 habría adjudicado de forma directa cuatro contratos por más de seis millones de pesos a Interacción Biomédica, declarada fantasma por el SAT un año antes, cuando él figuraba como codirector; Tojil lo ubicó como pieza central de una red (2012–2019) que obtuvo 3 mil 390 millones de pesos mediante 84 empresas, varias catalogadas como fantasma.
En paralelo, su nombre empezó a sonar en Guerrero como posible aspirante de Morena a la gubernatura, en un contexto en el que se le atribuyen vínculos con Armando Ríos Piter, “El Jaguar”.
Frente a estos antecedentes, se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Omar Reyes, para revisar la situación patrimonial de Tapia Santoyo y esclarecer posibles irregularidades vinculadas con la adjudicación.
