Presunta búsqueda de trato privilegiado por parte de José Luis Moyá Moyá fue reportada por fuentes penitenciarias; el autodenominado “zar de las solicitudes de información” permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur a casi un año de su detención por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Debido a que habría sido objeto de amenazas, agresiones físicas y un intento de homicidio de otro interno, Moyá ha dicho temer por su vida, según versiones consultadas.
El argumento central es que no ha recibido atención médica adecuada, pese a los estudios realizados; por tal motivo, habría solicitado cambio de celda, garantías para su integridad física y acceso a servicios médicos. Fuentes consultadas aseguran que estas quejas buscan presionar a las autoridades penitenciarias y obtener un trato preferencial.
Octubre de 2024 marcó su ingreso a prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra; la captura siguió al anuncio que en 2023 hizo la entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy sobre una investigación que incluía extorsión.
Un video en YouTube referido al caso Moyá Moyá asegura que existen irregularidades financieras presuntamente vinculadas a él y a su familia, y señala a Rosa María Moyá, su madre, de 87 años, por realizar transferencias millonarias sin actividad empresarial conocida.
Ese material detalla que en 2020 la mujer habría manejado más de 11 millones de pesos sin justificación aparente; también que entre 2019 y 2021 efectuó siete operaciones bancarias por 5 millones 248 mil 957 pesos a Luis Ceferino Macías Noguera, identificado como su yerno, pese a no contar con actividad empresarial conocida.
Aunque durante quince años Moyá se posicionó como referente de transparencia y anticorrupción, con récords en solicitudes de información y recursos de revisión y relación con periodistas y medios, fuentes y testimonios lo acusan de haber lucrado con la información obtenida por transparencia, usándola para su propio beneficio o para extorsionar a empresarios y funcionarios.
También aparece su nombre vinculado a Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que renunció tras el escándalo por el presunto uso de una tarjeta institucional en un table dance.
En una entrevista reciente, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, aseguró que no fue la única víctima de Moyá, pues en 2006 lo denunció por extorsión y difamación, al señalar que le pidió dinero a cambio de no dañar su imagen pública.
Incluso, el propio Moyá reconoció públicamente haber recibido pagos bajo nombres falsos en instituciones públicas. Durante su comparecencia en 2014, cuando buscaba ser comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), admitió que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información con el fin de intervenir en licitaciones públicas.
“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró entonces ante senadores.
A la par de ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias de Moyá Moyá, para impedir movimientos de recursos presuntamente ilícitos, el juez, con base en pruebas del Ministerio Público, lo vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva, por lo que continuará en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur hasta que se defina su situación legal.
