Durante los últimos ocho meses, Tultitlán se ha convertido en uno de los municipios con mayores índices de inseguridad en el Estado de México. El fin de semana más reciente volvió a registrar víctimas, sumando nuevos casos a una ola de violencia que inició tras la llegada de Ana María Castro Fernández al cargo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta más de mil casos de lesiones en lo que va de 2025, cometidos con armas de fuego, cuchillos y otros objetos. Este delito ha crecido desde enero, coincidiendo con la nueva administración municipal.
Los 672 robos de vehículos, motocicletas y autopartes, junto con 102 asaltos a transportistas, revelan que el robo es el ilícito más frecuente. La inseguridad se manifiesta en carreteras, calles y colonias donde la población teme incluso salir a trabajar.
Las cifras también exponen la vulnerabilidad de transeúntes y pequeños comerciantes. En los primeros ocho meses del año se documentaron más de 300 robos en la vía pública, 101 en transporte y más de 500 en negocios, de acuerdo con los registros oficiales.
A la par, se multiplican las denuncias por irregularidades administrativas. Diversos medios han reportado contratos por 72 millones de pesos adjudicados de forma directa o mediante licitaciones con un solo competidor, prácticas que generaron críticas hacia la gestión de Castro Fernández.
La carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, abierta por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, incluye a la alcaldesa y a su cuñada, la diputada Elena García Martínez. La investigación señala un presunto desvío de 38.5 millones de pesos destinados a una asociación civil para comprar 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan sin escrituras.
En la colonia Fimesa, los vecinos aseguran que pagaron 5 millones de pesos adicionales al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, sin regularización legal de sus predios. La inconformidad escaló cuando el gobierno impuso el nombre “Cuarta Transformación”, generando protestas y bloqueos.
El papel de García Martínez como promotora de la candidatura de su cuñada y la presencia de tres familiares de la alcaldesa en el Ayuntamiento alimentan la percepción de nepotismo. Para diversos actores locales, la combinación de vínculos familiares, corrupción y violencia ha deteriorado gravemente la gobernabilidad.
