La Cámara de Diputados debatió este martes la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para incrementar de 30 a 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a juegos con apuestas y sorteos, presenciales y en línea, como parte del Paquete Económico 2026. El gobierno proyecta recaudar más de 5 mil millones de pesos el próximo año, un incremento de 35% respecto a lo estimado para 2025.
El dictamen se someterá primero a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el morenista Carol Antonio Altamirano, antes de pasar al pleno. En caso de aprobarse, entraría en vigor el 1 de enero de 2026 e incluiría plataformas extranjeras que podrían bloquearse temporalmente por incumplimiento. Édgar Amador Zamora, titular de Hacienda, indica que la medida busca alinear la carga fiscal con estándares internacionales, ya que la industria mexicana aporta solo 0.01% del PIB, aunque representa 0.55% de la economía.
Expertos y representantes del sector alertan que un aumento al 50% podría poner en riesgo la viabilidad de los operadores legales y favorecer la informalidad. “La medida puede fomentar la informalidad y terminar recaudando menos”, advirtieron analistas. El sector calcula que alrededor del 60% del mercado de juegos en línea opera ilegalmente, con cerca de 4,500 sitios no regulados, lo que implica evasión fiscal y debilita las políticas de juego responsable y control de edad aplicadas por la Secretaría de Gobernación.
La operación formal del sector genera más de 10 mil millones de pesos en contribuciones fiscales y mantiene más de 60 mil empleos directos y 144 mil indirectos. México se ubica entre los mercados de iGaming más grandes de América Latina; el segmento en línea podría alcanzar ingresos anuales de 3,700 millones de dólares hacia 2028, con crecimiento superior al 15% anual, mientras que las apuestas deportivas podrían superar los 1,740 millones de dólares.
Hacienda también menciona un objetivo extrafiscal: reducir riesgos asociados a la ludopatía y destinar recursos adicionales a programas de salud. Sin embargo, fiscalistas consideran que el objetivo principal es recaudatorio, similar al aumento del IEPS en bebidas saborizadas, cigarros y videojuegos violentos. “A mayor carga impositiva, menor recaudación”, advirtieron representantes de la industria, quienes llaman a revisar la legislación vigente desde 1947 antes de aplicar un nuevo gravamen.
El dictamen contempla sanciones y suspensión temporal de operadores que no acrediten el pago de impuestos, con el fin de transparentar ingresos y reducir riesgos de lavado de dinero. Especialistas advierten que aprobar el aumento sin distinguir entre operadores legales e ilegales premiará la informalidad y castigará a quienes cumplen. La votación se realizará esta semana y, de aprobarse, el dictamen se turnará al Senado antes del 31 de octubre.
