Derivado de información difundida en medios nacionales, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) del municipio de León, Guanajuato, iniciar investigaciones por posibles actos de corrupción que involucran a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y al director de Comunicación Social, Enrique Avilés.
En esos reportajes se señaló que el arquitecto responsable del diseño y la construcción de la residencia privada de la presidenta municipal, con un valor estimado de 15 millones de pesos, fue beneficiado con contratos por al menos 3.5 millones de pesos.
De acuerdo con tales reportes, la situación podría indicar un posible conflicto de interés, por lo que Pérez llamó al órgano municipal a revisar el proceso de otorgamiento de los contratos y su relación con la obra particular de la alcaldesa.
En conversación con medios, Pérez estableció paralelismos con temas revisados en el ámbito federal y sostuvo: “Eso es lo que vimos con Peña Nieto” al referirse al caso de la Casa Blanca, tras señalar que el OIC tiene facultades para analizar este tipo de situaciones en León.
En otro frente, la titular del SNA solicitó investigar al director de Comunicación Social, Enrique Avilés, por omitir la existencia de dos empresas en sus declaraciones patrimoniales y de intereses, una de ellas contratista del municipio.
Según la presidenta del SNA, dichas omisiones pueden considerarse faltas administrativas graves relacionadas con información patrimonial. Recordó: “Cuando una persona es servidora pública debe de declarar cualquier actividad extra (…) al no declararlos o al eliminarlos, podría estar incurriendo en una manipulación de su declaración o incluso en falsedad de información”.
La información difundida por medios nacionales también precisó que, previo a su llegada al gobierno municipal, Avilés se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo y firmó un contrato de su empresa SM3 Comunicación con el municipio de León.
Ese contrato ascendió a 2.1 millones de pesos e incluyó la elaboración de una estrategia de comunicación y posicionamiento turístico de la ciudad, antecedente que Pérez solicitó revisar ante la posibilidad de un conflicto de interés.
A consideración de la presidenta del SNA, corresponde al OIC determinar si los antecedentes del director de Comunicación Social y la alcaldesa configuran faltas administrativas o situaciones de conflicto de interés, por lo que solicitó una evaluación formal.
