Con cuestionamientos sobre la transparencia y los costos en sus compras, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) enfrenta una inconformidad que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México admitió a trámite por la contratación del Servicio Integral de Laboratorio Clínico para el ejercicio 2026.
El procedimiento quedó registrado bajo el expediente IC/002/2026 y fue promovido por la empresa Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V., en contra de la licitación pública nacional presencial LPN/ISSEMYM/073/2025, correspondiente a un contrato abierto para la prestación de servicios de laboratorio clínico.
Conforme al acuerdo emitido por la autoridad y notificado el 16 de enero, la Contraloría determinó abrir formalmente el expediente e iniciar las diligencias necesarias para revisar el procedimiento de contratación llevado a cabo por el ISSEMYM, institución encabezada por Ignacio Salgado.
Entre las medidas ordenadas, se instruyó al ISSEMYM a rendir un informe circunstanciado sobre el origen y la naturaleza de los recursos utilizados en la licitación, además de remitir copias certificadas de la documentación completa del procedimiento, incluidas bases, juntas de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas, dictamen y fallo de adjudicación.
La revisión se desarrolla en un contexto en el que el Instituto ha sido objeto de señalamientos por presuntas prácticas poco claras en sus procesos de compra, tema que incluso ha sido mencionado anteriormente en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como antecedente, el 22 de abril de 2025 la Secretaría de la Contraloría del Estado de México declaró la nulidad de un contrato de servicios de laboratorio clínico otorgado a Instrumentos y Equipos Falcón y Arquina, relativo a la atención en 22 hospitales del Instituto, y ordenó la reposición del procedimiento de contratación.
Pese a esa determinación y a la instrucción presidencial emitida en agosto de 2025 para revisar dichos contratos, el Comité de Adquisiciones no dio cumplimiento a lo ordenado, situación que derivó en nuevos recursos y en investigaciones administrativas y penales que se encuentran en curso.
En esta nueva inconformidad, los cuestionamientos se enfocan en presuntos sobreprecios que, de acuerdo con información del sector, podrían ascender hasta 80 millones de pesos; sin embargo, la Contraloría precisó que la admisión del recurso no suspende de oficio la licitación, por lo que el procedimiento continúa.
Para los competidores, la aceptación del recurso abre la posibilidad de revisar las condiciones del proceso de contratación y se enmarca en la política del gobierno federal orientada a reforzar la transparencia y la legalidad en los procedimientos de contratación pública.
