En medio de las protestas por el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro optó por una estrategia inusual: rifar viajes a Nueva York entre quienes tramiten la llamada “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, instrumento financiero que opera la empresa Servicios Broxel. El anuncio se produjo mientras colectivos y usuarios cuestionan el incremento al pasaje y el esquema que condiciona el acceso al subsidio al uso de ese plástico.
El programa estatal fija un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa a la firma administradora del sistema. Si el padrón alcanza el universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad, el desembolso superaría los 16 millones de pesos al mes. A ese monto se suma el subsidio de tres pesos por viaje que el gobierno estatal cubrirá a los transportistas para mantener la tarifa en 11 pesos, una bolsa que podría rebasar los 5 mil millones de pesos al año.
En ese contexto, Lemus anunció la entrega de tres vuelos redondos a Nueva York con recursos propios y otros tres patrocinados por la aerolínea Volaris. El incentivo busca impulsar el trámite de la tarjeta financiera, requisito para acceder al costo preferencial del transporte.
“…para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”, lanzó Lemus tras la polémica que generaron sus declaraciones previas, en las que aseguró que con el plástico del programa una persona podría pagar un café en esa ciudad.
Las críticas no se limitaron al aumento tarifario. Organizaciones civiles advierten que el registro exige datos personales, biométricos y de contacto, lo que, a su juicio, convierte el beneficio en una vía de captación masiva de información sensible. En redes sociales, usuarios acusaron que el mandatario y funcionarios estatales promueven el programa con un tono más cercano a una campaña comercial que a una política pública.
El anuncio coincidió con nuevas movilizaciones en Guadalajara contra el llamado “tarifazo” y contra la obligatoriedad de usar la tarjeta financiera para acceder al subsidio. Para los inconformes, la medida no sólo encarece el transporte, sino que abre la puerta a un modelo que, bajo el argumento del ahorro, compromete recursos públicos y datos ciudadanos en favor de un operador privado.
