Luego de tres meses con sus instalaciones cerradas, la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) informó que obtuvo por orden judicial la reapertura de sus operaciones y, al mismo tiempo, anunció la presentación de una denuncia penal por presunta extorsión contra autoridades estatales, en el contexto del conflicto que mantiene con el Gobierno de Nuevo León.
El martes 25 de febrero fue la fecha en la que la compañía difundió un comunicado en el que explicó que la reanudación de actividades se logró “a través de las autoridades judiciales en el Estado, haciendo valer el marco legal y sin intermediación alguna de la clase política estatal, después de tres meses de cierre injustificado”.
Como parte de ese mismo posicionamiento, la empresa afirmó que la denuncia penal anunciada se encuentra respaldada por un expediente que, según Matrimar, contiene evidencias que “confirman el proceder ilegal de distintas autoridades de la clase política estatal”.
Más allá del ámbito jurídico, el litigio, de acuerdo con la compañía, tiene efectos directos en el empleo y en las comunidades donde mantiene presencia. “Nuestra defensa jurídica va mucho más allá de un asunto comercial. Es, ante todo, una defensa a nuestra fuerza laboral… de preservar el arraigo de nuestros 500 colaboradores a sus comunidades”, indicó, al señalar que los recursos legales buscan “proteger el ingreso de cientos de familias y evitar… que el actuar ilegal de políticos les obligue a migrar por falta de empleo”.
En cuanto a los señalamientos que circulan públicamente, la empresa rechazó las versiones que la acusan de presuntos adeudos fiscales o de irregularidades ambientales, al considerar que esas afirmaciones buscan desviar la atención del conflicto.
“Las falsedades expresadas públicamente… en el sentido que Matrimar opera en el área natural protegida o que debe impuestos, solo ratifican los intentos de desviar la atención sobre los actos de extorsión”, sostuvo la compañía.
El conflicto se desarrolla en el marco de la disputa con el Gobierno de Nuevo León por el cobro de contribuciones ambientales y por las clausuras aplicadas en meses recientes. Mientras la administración estatal negó la existencia de extorsión y sostiene que sus acciones responden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales, el gobernador Samuel García cuestionó públicamente las resoluciones judiciales favorables a la empresa, al afirmar que el amparo obtenido “para mí no vale”, e insistir en que el caso continúa en litigio por presuntos adeudos.
Desde la postura de la empresa, Matrimar afirma que enfrenta un caso de “acoso institucional” y que sus operaciones se desarrollan dentro del marco legal.
“Mantendremos la defensa del empleo y el desarrollo regional. Lo haremos en tribunales, ante la opinión pública y ante cualquier instancia administrativa necesaria”, concluye el comunicado.
El caso avanza en un entorno de creciente preocupación entre actores del sector productivo por la certeza jurídica en la entidad, a pocos meses de que Nuevo León sea sede del Mundial de la FIFA 2026.
