La empresa Jet Van Car Rental S.A. de C.V. concentra en 2026 más de 2 mil 500 millones de pesos en contratos con al menos 19 dependencias gubernamentales, aun cuando arrastra antecedentes de inhabilitación, sanciones administrativas y señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Así lo documentó Reporte Índigo en una publicación fechada el 26 de marzo de 2026.
En paralelo, la compañía figura en un nuevo proceso de contratación en Caminos y Puentes Federales (Capufe). Se trata de la licitación LA-09-J0U-009J0U001-N-15-2026, que contempla el arrendamiento de vehículos usados para servicios de emergencia y auxilio vial durante el periodo 2026-2028.
De acuerdo con fuentes internas de la dependencia, las bases del concurso contemplan unidades modelo 2024 con alto kilometraje y especificaciones similares a las que actualmente opera la empresa. Este planteamiento podría acotar la participación de otros competidores y facilitar su permanencia como proveedor. A ello se suma la advertencia sobre posibles riesgos en el servicio, ante el uso de equipos sin certificación vigente o con garantías vencidas. El calendario del proceso fija la entrega de propuestas para el 30 de marzo de 2026 y el fallo al día siguiente.
La revisión de Reporte Índigo también identifica que, en 2026, 20 de los 22 contratos asignados a la empresa se otorgaron mediante adjudicación directa, un mecanismo sin competencia abierta ni licitación pública, modalidad recurrente en su historial de contrataciones.
El acuerdo de mayor monto lo asignó la Fiscalía General de la República el 6 de febrero de 2026, con vigencia hasta el 31 de enero de 2029, por un total de 2 mil 533 millones 727 mil 649 pesos. A esta lista se suman instituciones como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El retorno de Jet Van al circuito de contrataciones ocurre tras un historial de incumplimientos. En 2021, la entonces Secretaría de la Función Pública impuso a la empresa una inhabilitación por un año y una multa superior a 1.4 millones de pesos, tras incumplir un contrato con el Servicio de Protección Federal.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Servicio de Administración Tributaria revisar posibles irregularidades vinculadas con un presunto daño al erario cercano a 8 millones de pesos, derivado de contratos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El organismo también detectó inconsistencias en la ubicación de vehículos bajo resguardo de la empresa y pidió examinar su relación con Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V., tras hallar coincidencias en la representación legal durante procesos de licitación.
A pesar de estos antecedentes, la firma, fundada en 2004 y representada por Cuauhtémoc Velázquez García, conserva presencia constante en el mercado gubernamental, donde figura como uno de los principales proveedores de arrendamiento vehicular.
Desde sus primeros años, Jet Van consolidó su crecimiento a través de contratos públicos. Para 2017 ya acumulaba adjudicaciones por miles de millones de pesos; no obstante, también registró incumplimientos relevantes, entre ellos fallas en servicios con el Instituto Nacional Electoral y la entrega de ambulancias en condiciones deficientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, según reportes de la ASF.
