El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, bajo la responsabilidad de la jueza Amarande Riojas Orozco, determinó sustituir la prisión preventiva por resguardo domiciliario en el caso del acusado por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo. La resolución no implica su liberación, ya que el imputado continúa sujeto al proceso penal.
La modificación obedece al tiempo que el acusado permaneció en prisión preventiva sin que exista una sentencia. El plazo superó el límite establecido por la Constitución, lo que obligó a revisar la medida cautelar. A partir de esta decisión, el imputado permanece en su domicilio bajo supervisión y con restricciones fijadas por la autoridad judicial.
De acuerdo con fuentes consultadas, el sustento legal se encuentra en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la prisión preventiva no debe prolongarse más de dos años, salvo que el propio imputado retrase el procedimiento. Una vez superado ese periodo, el proceso debe continuar con otras medidas cautelares.
La resolución se alinea con los principios del sistema penal acusatorio, entre ellos la presunción de inocencia, que impide atribuir responsabilidad penal sin una sentencia firme. En ese contexto, el cambio de medida no altera los elementos probatorios ni define la culpabilidad del acusado.
Autoridades federales indicaron que la decisión responde a criterios legales vigentes. También recordaron que el Estado mexicano enfrenta antecedentes de condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso excesivo de la prisión preventiva, lo que obliga a las autoridades a aplicar medidas conforme a estándares constitucionales e internacionales.
El fallo no analiza el fondo del caso ni establece responsabilidad penal. Su alcance se limita a la medida cautelar, por lo que corresponderá al tribunal competente emitir una resolución definitiva.
La agresión contra Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo ocurrió el 18 de marzo de 2019. La víctima falleció el 26 de abril de ese año tras permanecer en estado crítico. El acusado fue detenido en 2023, después de años de exigencia por parte de la familia. Austria, hija de la víctima, expresó temor por su seguridad y la de su hermano tras la decisión judicial, lo que reavivó la discusión pública sobre el uso de la prisión preventiva en México.
