El incremento en el precio de la gasolina a nivel nacional ha tenido un impacto particular en la Península de Yucatán, donde sindicatos acusan que la situación es más grave debido a la presencia de grupos que controlan el suministro de hidrocarburos.
De acuerdo con estas denuncias, el corporativo CorpoGas ha consolidado un dominio en la región, lo que le permitiría imponer precios por arriba del promedio nacional, afectando directamente a consumidores y sectores productivos.
Este grupo empresarial está vinculado a Ricardo Antonio Vega Serrador y a la familia Mouriño, quienes en el pasado mantuvieron relaciones cercanas con los exgobernadores priístas Roberto Borge y Félix González Canto, así como con el expresidente Felipe Calderón.
Según las acusaciones, CorpoGas controla aproximadamente el 64% del mercado de combustibles en Quintana Roo, donde vende gasolina entre 60 centavos y 1.60 pesos más cara por litro en comparación con el promedio nacional.
El impacto económico es significativo, especialmente para sectores como el transporte y la construcción, donde ya se anticipan incrementos de entre 10 y 15% en el costo de la vivienda debido al encarecimiento de materiales como acero y aluminio, así como del traslado hacia la Península.
Este problema no es reciente. En 2024, durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la empresa fue señalada en la Conferencia Mañanera por presuntamente mantener un monopolio en la distribución de combustible en Quintana Roo.
En ese momento, López Obrador indicó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) investigaría el caso, además de explorar alternativas para el almacenamiento de combustible que permitieran reducir los costos en la región.
No obstante, hasta ahora no se han observado cambios significativos, mientras que el gobierno federal apuesta por el suministro a través del Tren Maya, proyecto que aún se encuentra en desarrollo y cuya consolidación tomará varios años.
El sobreprecio en el combustible representa para muchas familias un gasto adicional cercano a los 2,000 pesos mensuales, equivalente a unos 500 pesos semanales, lo que refleja la presión económica sobre los hogares de la región.
Ante esta situación, sindicatos han conformado una alianza para presentar acciones ante la Profeco, con el objetivo de frenar lo que consideran un monopolio construido durante administraciones del PRI y del PAN.
Asimismo, un líder sindical anunció que realizará una denuncia pública para señalar directamente a Vega Serrador y a la familia Mouriño, a quienes responsabiliza de mantener elevados los precios, además de exigir la intervención de las autoridades para regular el mercado.
