El próximo 4 de septiembre los habitantes de la Ciudad de México están convocados a participar en la Consulta Ciudadana para elegir representantes vecinales, y también para decidir los proyectos en los que se aplicará el Presupuesto Participativo de 2017, correspondiente al 3% del presupuesto asignado a cada demarcación.
La historia de la participación formal de la ciudadanía en los asuntos públicos de la Ciudad de México es muy reciente: hasta antes de la reforma constitucional de 1996, el gobierno y la administración del entonces Departamento del Distrito Federal estaban a cargo de un regente designado por el presidente de la República, y la administración territorial reposaba en los delegados.
Fue hasta 1997 que los capitalinos eligieron mediante el voto popular, por primera vez, a un Jefe de Gobierno; la expectativa participadora alcanzó su punto más alto con la posibilidad de elegir Jefes Delegacionales, en el año 2000. Sin embargo, la naturaleza jurídica de la capital del país y su organización política y administrativa significan grandes limitaciones en el ejercicio de gobierno, mucho más acentuadas en las delegaciones, lo cual significó una gran frustración de las expectativas ciudadanas al descubir que habían elegido administradores más que gobernantes.[1]
No obstante, este impulso democratizador en la Ciudad dio lugar a que, en 2001 los gobiernos delegacionales en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan llevaran a cabo programas de presupuesto participativo, con base metodológica en la experiencia de Porto Alegre, Brasil, principalmente. Estos tres ejercicios coincidían en un objetivo primordial: ampliar la participación ciudadana en la vida pública. Entre sus particularidades destacan: Cuauhtémoc apostaba al fortalecimiento de la autonomía y organización ciudadana (las consultas incluían a jóvenes y niños), Tlalpan a la formación ciudadana y la autonomía delegacional en el manejo de recursos, y Miguel Hidalgo a la orientación del gasto delegacional con base en la opinión vecinal.
En mayo de 2010 se reformó la Ley de Participación Ciudadana para considerar un presupuesto de entre 1 y 3% del presupuesto anual de las Delegaciones destinado «para que los ciudadanos decidan sobre su aplicación en las colonias correspondientes», en tres rubros: obras y servicios, equipamiento e infraestructura, y prevención del delito.
Quince meses después, en agosto de 2011, se incorporó a la Ley de Participación Ciudadana el presupuesto participativo, correspondiente al 3% del presupuesto anual de las Delegaciones, así como la obligatoriedad de ejercerlo.
Tomando en cuenta la historia reciente de la participación en la Ciudad de México, la existencia del presupuesto participativo supone un gran avance; la capacidad institucional involucrada en recabar proyectos y realizar la consulta para la aplicación de recursos en 1,812 unidades territoriales, entre colonias y pueblos originarios, es enorme.
Sin embargo, este ejercicio enfrenta grandes retos: De 2011 a la fecha se han efectuado seis consultas ciudadanas, con porcentajes de participación inferiores al 5%, salvo la realizada en 2013 que alcanzó un 12% de participación.[2] Ese año se implementó por primera vez el voto electrónico, que ha sido duramente cuestionado, y quizá es la razón por la que, inexplicablemente, el IEDF anuncia como «histórica» la participación ciudadana de la consulta de 2015: «Luego de cinco años, se rompe la barrera del 3%». [3]
Por otro lado, diversos actores han insistido en que dado el monto del presupuesto participativo, apenas el 3% del presupuesto anual de las Delegaciones, es deseable su aplicación para atender necesidades o intereses no contemplados en los programas delegacionales. De ahí, la inclusión de rubros como actividades deportivas, artísticas y culturales en las versiones más recientes de este ejercicio.[4]
Sin embargo, prevalece su aplicación para suplir las deficiencias en servicios públicos, obra, equipamiento e infraestructura. En ello, influye un enfoque «funcionalista» del ejercicio, tanto de ciudadanos como de autoridades. Basta revisar proyectos como «Retiro de autos abandonados en las calles (…) que representan un riesgo de salud y seguridad para los habitantes de la colonia (…)», o «Solicitamos la compra de un camión recolector de basura para suplir el que se descompuso el año pasado».
Del lado de las autoridades, hay que recordar que quien ejecuta el presupuesto participativo son los gobiernos delegacionales, por lo que les corresponde la dictaminación física, técnica, financiera y legal de los proyecto propuestos por los vecinos. Por poner un ejemplo, la delegación Benito Juárez dictaminó favorablemente el 33% de los proyectos presentados este año para aplicar el Presupuesto Participativo de 2017 (poco más de 200 de 680 proyectos ingresados); las tres cuartas partes de los proyectos aprobados son para reencarpetamiento y para construcción de intersecciones seguras, proyectos prioritarios del gobierno delegacional, rechazando iniciativas como captación de agua de lluvia o actividades culturales en parques. Habrá que poner atención al informe del Observatorio Ciudadano para el Presupuesto Participativo.
Se hace necesario, pues transparentar los procesos para darles legitimidad y confiabilidad, y con ello incentivar la participación. También hace falta medir el impacto real de este ejercicio participativo en la vida democrática y en el desarrollo humano de la Ciudad, y no solo en la imagen urbana. Ese es el espíritu originario del presupuesto participativo. Así lo define el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: «el aumento de las opciones para que las personas puedan mejorar su vida».
