Por María Luisa Rubio González, CIMTRA
“En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal”, dice el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana del (todavía) Distrito Federal.
Ya hemos revisado en este espacio la historia y los retos que enfrenta este ejercicio, vigente en la (ahora) Ciudad de México desde 2011. Desde su primera edición hasta la fecha, se han ido incorporando algunas modificaciones y adiciones, pero en esencia se trata de un 3% del presupuesto delegacional cuya aplicación se decide en una consulta ciudadana anual.
Entre las adiciones, vale la pena destacar el premio a las buenas prácticas, que tuvo su origen en una realidad que es quizá la deuda más grande de este ejercicio: el presupuesto participativo es una extensión del presupuesto delegacional, que pasa por un camino más largo para llegar al mismo lugar: reparación de banquetas, asfaltado de calles y otras obras comunes.
Este elemento, entre otros, motivaron a que el Instituto Electoral del Distrito Federal, órgano a cargo de la organización de la consulta ciudadana anual, conformara un Comité Especializado “encargado de analizar una muestra representativa, por Delegación, de los dictámenes emitidos por las 16 Jefaturas Delegacionales”.
En la Justificación del Acuerdo que establece los Criterios para el funcionamiento de este comité se enuncia la problemática de manera detallada, como sigue:
Una de las etapas clave de la consulta, es la dictaminación de los proyectos que realizan las Jefaturas Delegacionales en sus respectivos ámbitos territoriales. Durante esta etapa, las y los ciudadanos han enfrentado diversos contratiempos para obtener un dictamen favorable en virtud de que la LPCDF no prevé criterios específicos para la dictaminación, esta situación ha desencadenado; entre otras, las siguientes consecuencias:
- Se privilegian los proyectos de obras y servicios, infraestructura y equipamiento sobre los demás.
- Las Delegaciones no generan una exhaustiva motivación y fundamentación respecto de la viabilidad física, técnica, financiera y legal de los proyectos.
- No existen mecanismos precisos de seguimiento y control en el proceso de dictaminación.
- Se observa inconformidad en la ciudadanía y falla de credibilidad en las autoridades involucradas en la consulta ciudadana.
Además de abordar el diseño institucional y la capacidad de los actores, se plantea como pregunta de investigación si el Presupuesto Participativo de la Ciudad de México (PPCDMX): “promueve la Participación ciudadana y propicia la creación de vínculos sociales en las colonias y el bien público. O bien ¿se trata de un recurso que sirve para fomentar las relaciones clientelares de los delegados?”
A reserva de profundizar en próximas entregas sobre los resultados del estudio, adelantamos aquí algunas cifras:
- El porcentaje de proyectos registrados aumentó un 43% con respecto a 2015 (19,043 vs. 13.261)
- El porcentaje de proyectos rechazados por las delegaciones aumentó en 75% (7,066 vs. 4,038)
- Las Delegaciones que rechazaron más del 50% de proyectos registrados son Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Álvaro Obregón.
- Los rubros más recurrentes para aplicar el presupuesto son Obras y servicios (36.7%), Prevención del delito (20.47%) e Infraestructura urbana (14.77%).
- Los proyectos que presentan menos porcentaje de rechazo son los presentados por comités ciudadanos y consejos de los pueblos (31.8%), en contraposición con el 75% de rechazo de los aquellos presentados por organizaciones ciudadanas.
- Finalmente, el Comité encontró adecuados los dictámenes emitidos por 7 delegaciones (Milpa Alta, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza), y no adecuados los dictámenes de 5 (Cuajimalpa, Benito Juárez, Iztacalco, Álvaro Obregón y Coyoacán).
El informe del Comité Especializado arroja luz sobre el estado de la cultura democrática en la Ciudad de México, además de evaluar el estado actual del presupuesto participativo con miras a su rediseño institucional. Los datos que arroja el informe constituyen también un indicio sobre la falta de eficacia en el ejercicio de los presupuestos delegacionales para cubrir por lo menos las necesidades de servicios, infraestructura y equipamiento de la población; ni hablar del acceso a la cultura y a la recreación o del derecho a un ambiente sano, mejor destino posible para más de 800 millones anuales que corresponden al presupuesto participativo.
El informe del Comité Especializado se puede consultar en la siguiente liga: http://www.iedf.org.mx/sites/estupresupuesto/informe_CE.pdf
