Por Enrique Valadez González envaladez@yahoo.com.mx
En medio de las marchas y bloqueos de taxistas en la Ciudad de México, las secuelas de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la SCJN, el destino de las cenizas de José José y hasta el grito de Pu… por parte de Miguel Herrera, pasó casi desapercibida una noticia que podría marcar el rumbo del sexenio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer lunes en Palacio Nacional con representantes del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y de la Concanaco y Concamin. El objetivo: elaborar conjuntamente un plan nacional de infraestructura.
Y es que, la construcción ha sido el Talón de Aquiles del país en los últimos sexenios, pues desde Vicente Fox, hasta Enrique Peña Nieto, se anunciaron mega obras de infraestructura que nunca pudieron concretarse.
En el caso del político guanajuatense, basta recordar el aeropuerto internacional de Texcoco, que enfrentó el rechazo de las comunidades ejidales que no aceptaron la expropiación de sus terrenos por un pago menor a los 7.20 pesos por metro cuadrado. Aunado al proyecto hidroeléctrico denominado La Parota.
Con Felipe Calderón la situación no fue diferente. En promesas quedaron la Refinería Bicentenario en Hidalgo, que implicaría una inversión superior a los 11 mil millones de dólares y la generación de 25 mil empleos, además del complejo turístico de Cabo Pulmo, que hubiera puesto en riesgo la zona de Mar de Cortés.
Mientras que con Peña Nieto quedaron en el aire el Tren Rápido Querétaro-Ciudad de México, cancelado en medio del escándalo por la Casa Blanca, y el Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Tren México-Toluca, el Nuevo Puerto de Veracruz, el Tren Ligero de Guadalajara y el Metro de Monterrey, se echaron a andar en su sexenio, pero en el caso de los trenes y metro, también denuncias de corrupción y de incremento en los precios de los materiales frenaron su conclusión en los lapsos previstos.
A pesar de que los estándares internacionales recomiendan a los gobiernos destinar del 5 al 8 por ciento del PIB al rubro de infraestructura, México apenas invierte el 2.5 por ciento. A final de cuentas, la construcción es el principal motor de la actividad económica y sus beneficios llegan al 75 por ciento de toda la actividad económica del país.
México sigue teniendo grandes retos en materia de infraestructura. Desde hace más de diez años se planteó que para 2030 se ubique entre los mejor evaluados por el Índice de Competitividad de Infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial, pero parece difícil que se cristalice esta meta.
López Obrador tiene ante si el reto de aprovechar la capacidad técnica y financiera del sector privado para generar los proyectos que permitan reducir la brecha de infraestructura que existe en el país. Pero también tiene el reto es impulsar proyectos viables y no meras ocurrencias como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.
Morralla
En donde la casa pierde es en el estado de Sonora, de Claudia Pavlovich, pues la industria del entretenimiento y el juego no cuenta con un piso parejo para desarrollar sus actividades, luego de que en la entidad se decidió agregar un impuesto extra a los jugadores, mismo que no aplica para todas las empresas por igual.
En enero de este año, el Congreso local que preside el morenista Luis Armando Colosio Muñoz, realizó una serie de modificaciones a la Ley de Hacienda en presunto contubernio con la gobernadora, de origen priista, para afectar a 14 de los 15 permisionarios que cuentan con las licencias de operación expedidas por la Secretaría de Gobernación, al mando de Olga Sánchez Cordero.
Resulta que el impuesto dicta que los clientes de estos casinos deben pagar un 10% por lo que “pudieran” jugar, medida que sin duda desincentiva a los asistentes, quienes acuden con ilusión de multiplicar su dinero y divertirse, no de ver cómo le salen alas a éste. Sobre todo al considerar que ya cumplen con el IEPS, así como con una serie de impuestos federales, estatales y municipales vigentes.
Sin embargo, la modificación no aplica para “todos” los casinos, ya que la firma Divertimex, al mando de Gabriela Islas Rivera, pareciera que tiene un acuerdo al que ninguna otra empresa ha podido acceder, lo que le permite evadir el pago del “Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos”. ¿Con quién habrá sido el acuerdo y de cuánto?
La situación es grave, pues al menos 25 mil sonorenses dependen de las 32 salas instaladas en la entidad, por lo que las afectaciones se verían reflejadas en la economía local, pero también en la federal, pues este sector aporta más de 4 mil 700 millones de pesos al erario público.
Nos leemos el próximo martes…
