La ligereza y desdéncon la que el gobiernocuatroteístaha tratado la crisis sanitaria del Covid-19, empezando por el titular del ejecutivo, son indicios claros de la soberbia de que está infecto el subsecretario de Salud Hugo López Gatell y que, al parecer, ya infestó a buena parte de los integrantes del gabinete presidencial.
El fallecimiento del senador tlaxcalteca Joel Molina mostró las cualidades de varios de los prohombres como el multicitado funcionario de Salud que, de inmediato, deslindó responsabilidades y culpó al propio legislador de haber estado contagiado con antelación. Más allá de el estado de salud del difunto, quedó de manifiesto el poco cuidado para evitar contagios, que ya tuvo repercusiones en otros senadores.
Algo similar se presenta en la Cámara de Diputados y en otras esferas de la administración pública, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, donde cada vez aumenta el número de funcionarios que contraen el coronavirus.
A pesar de tales evidencias, el rechazo a las mismas resulta preocupante, pues estamos frente a una especie de supremacismo ideológico, que pone en riesgo no únicamente la salud de los mexicanos, sino el pacto social que da sentido y cohesión al país.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que “no hay materia” a tratar con los gobernadores que piden nuevos mecanismos para la distribución de los ingresos públicos, bajo el supuesto de que se mella la investidura del ejecutivo, reluce la idea de superioridad sobre los demás, y se llega al absurdo de pretender que la realidad se pliegue a sus caprichos, buscando siempre encubrirse de legalidad.
Un gobierno de apariencias, al que los más de 900 mil contagiados y 90 mil muertos por coronavirus, constituyen apenas un efecto colateral; tampoco le son significativos el cierre de negocios, la falta de empleo, el aumento de desigualdades entre regiones, grupos y familias, pues desde el Olimpo de Palacio Nacional todo va bien.
Aferrados a esta creencia, restan valor a lo que acontece en otras partes del mundo, donde la segunda ola de Covid-19 amenaza con ser más virulenta que la anterior, ya que en un solo día se registraron más de medio millón de contagios. La forma de gobernar se ha vuelto dogmática para quien hoy ostenta el poder y traumática para muchos sectores y grupos sociales.
A pesar de su comportamiento supremacista, el presente gobierno enfrenta disonancias cognitivas (López Gatell, dixit), como la disputa sobre entre las autoridades de Salud y de la Ciudad de México, sobre la conveniencia de que la CDMX vuelva al semáforo rojo que, de adoptarse, implicaría el reconocimiento del fracaso de la estrategia seguida.
En el mismo sentido debe interpretarse la aseveración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que, “por primera ocasión”, el gobierno federal ha tenido un diálogo constante e intenso con los gobernadores y titulares de los gobiernos de las 32 entidades federativas para conocer la situación en la que se encuentran, la oferta hospitalaria, entre otros aspectos.
La negativa a cualquier propuesta que no emane del presidente, es rotunda e invariable. La tendencia a no cambiarle ni una coma a las iniciativas que el primer mandatario envía al Congreso es muestra palpable de la arrogancia que priva entre los legisladores, que en vez de etiquetar, darle un destino cierto a los recursos del extinto fondo de salud, 33 mil millones de pesos, prefieren convertirlos en la “caja chica” del ejecutivo.
No solo de coronavirus el gobierno y Congreso se encuentran infectos; también lo están de soberbia.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Pemex reporta pérdidas netas en lo que va de 2020 de 26 mil 345 millones de dólares, un 243.1 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, pese a una utilidad neta de 61 millones de dólares en el tercer trimestre del año.
