En la disputa por el presupuesto 2021 para los estados, prevalecen las desconsideraciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de la Alianza Federalista están a la orden del día, y andan arrastrando como cobijas las investiduras de sus respectivos mandatos; las cortesías han quedado en el baúl de las cosas inútiles.
El apotegma juarista del respeto entre los individuos se ha vuelto una entelequia, sobre todo cuando ya se inició el proceso electoral de mitad de camino, en donde el uso de los recursos públicos en acciones de beneficio social, generalmente se traduce en votos para los otorgantes.
Eso explica con nitidez la urgencia del llamado que hicieron los mandatarios estatales al ejecutivo federal para que los reciba a la brevedad, con el fin de revisar conjuntamente el Presupuesto 2021, evitando el recorte de recursos a sus estados, toda vez que el plazo para su aprobación vence el 15 de noviembre. Advirtieron que “aplazar el diálogo para agotar plazos, es una afrenta que lastima al federalismo”.
Desde la perspectiva de las entidades federativas, la actual fórmula que se utiliza en el mecanismo de coordinación fiscal es inequitativa no sólo por los porcentajes que se entregan a cada una de ellas, sino porque el gobierno central, al ser el que parte y reparte, se queda con la mayor parte, que la canaliza a través de sus programas sociales, con los cuales hace proselitismo.
Conocedor de las ventajas que ambos factores le otorgan, el presidente López Obrador, no piensa moverse un ápice de su actual postura, y para defenderla recurre, como lo hace siempre que no desea entrevistarse con personas o grupos no afines, a la defensa a ultranza de su investidura como primer mandatario.
Esa ha sido su mejor muletilla para evadir asuntos en los que, sin duda, se le cuestionaría su gestión o las medidas adoptadas para resolver problemas como la atención a los familiares de víctimas, los feminicidios, la falta de medicamentos a niños con cáncer o a personas con VIH.
En cambio, privilegia sus encuentros con grupos en donde cree posible obtener rendimientos de distinta naturaleza, como los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, medianamente con la familia LeBaron y con la mamá de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” -a quien ofrece disculpas por llamarlo por su apelativo.
Para que no le ganen la mano, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los gobernadores de la Alianza Federalista le han faltado al respeto, por lo que cualquier petición que tengan sobre la reasignación de recursos será atendida por los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Gobernación (Segob).
En La Mañanera desde Palacio Nacional, dijo que esta decisión se debe a que quiere evitar que la investidura presidencial se utilice para hacer un espectáculo o con propósitos electorales. Y reiteró que por ahora no se contempla la entrega de más recursos a las entidades más las que están establecidas en la ley.
Los actuales términos de la coordinación fiscal quedaron establecidos por su archienemigo Felipe Calderón. No obstante, ese pecado prefiere, en este caso, privilegiar la ley y no la justicia, contrario a lo que ha expresado en otras situaciones.
Creo que se debe respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene, insiste López Obrador, que la ve más como símbolo supremacista al calificar, con todo respeto, gobernadores disidentes, opositores. Él solo se desgarra la investidura.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Muchas veces AMLO afirma que los morenistas no son iguales a sus antecesores; sin embargo, el compadrazgo y nepotismo que afloran por varios lados en la administración pública federal, cuando no tizna, mancha la supuesta inmaculada investidura presidencial.
