Salvo que sean imaginarios, queda la duda en torno a su existencia y destino de los 1.3 billones de pesos “recuperados” por combate a la corrupción, cobro extra de impuestos y “ahorros” por pulcro manejo de los recursos públicos.
De ser cierta su existencia, no tendría por qué pasar la charola ni hacer rifas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos ya tuviéramos un sistema de salud excelso o, en su caso, adelantar el pago de la mitad de la deuda de Pemex.
En uno u otro caso, las crisis sanitaria o la económica no serían tan profundas y los mexicanos nos sentiríamos menos vulnerables.
Pero el presidente López Obrador ha preferido esconder en algún recóndito lugar o bajo el colchón esos recursos -equiparables a 25 por ciento del presupuesto autorizado para 2021-, a darles un uso que ayude a la población no solo a mitigar la adversidad, sino para mejorar sus condiciones de vida.
De haberse aplicado ese monto de dinero ahorrado, estas dos crisis que padecemos los mexicanos prácticamente se habrían superado y seríamos la envidia del mundo mundial.
Sin precisar en dónde están esos 1.3 billones de pesos en las cuentas nacionales, se pudieron haber canalizado al sector salud, con lo cual no sólo habría superado su presunto estado ruinoso, sino que ya se tendrían instalaciones de primer nivel; no existirían faltantes de medicamentos para salvar vidas y estaríamos en posibilidad de ser el primer país en recibir la vacuna para el Covid-19.
O en su defecto, hacer realidad el sueño lopezobradoriano de rescatar a Petróleos Mexicanos y que a partir de 2021 fuese nuevamente el motor de la economía mexicana, haber destinado ese monto al pago anticipado de las deudas de la paraestatal.
Una acción de este tipo permitiría a Pemex avanzar con mayor celeridad en su modernización, al reducir su deuda de 107 mil millones de dólares a la mitad, con la consecuente disminución en el pago de intereses, sin la necesidad de recursos presupuestales para este fin y poder destinarlos a inversión para mejorar sus instalaciones y, de esta forma, elevar su productividad en todas sus áreas.
Otro posible destino de los recursos ahorrados sería la inversión en infraestructura. Por su monto, sería más del doble de los casi 600 mil millones de pesos que se pactaron en fechas recientes con el sector privado, que equivaldrían a 10 puntos porcentuales del PIB y daría un buen sustento a la transformación que se ha propuesto la 4T.
Alcanzar esos 1.3 billones de pesos en dos años de la administración actual, quiere decir que cada día, en promedio, se dejaron de gastar más de mil 805 millones de pesos.
Sin embargo, ese monto no se ve reflejado como sobrejercicio del gasto público; al contrario, los subejercicios del presupuesto han sido la constante en los dos años del gobierno de López Obrador, qué tan solo en el período enero-octubre de este año alcanzó cerca de 350 mil millones de pesos, una cuarta parte de los ahorros que menciona el primer mandatario.
Esclarecer la existencia y el destino de los 1.3 billones “ahorrados” es fundamental para la credibilidad del gobierno. Mantener ese dinero, que es de todos, como “guardadito” para el futuro o destinarlo a cuestiones diferentes a aminorar el deterioro del nivel de vida de los mexicanos sería -por decir lo menos- malévolo.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero se mantendrá como enlace con el sector privado, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un moderado menos en el gabinete.
