Contrario a su manera de hablar, algo que caracteriza a la administración de Andrés Manuel López Obrador es la precipitación. Su actitud impulsiva y prejuiciada ha causado males mayores en dos años de su gestión; prisas y tropiezos se han traducido en costos elevados en términos de vidas, negocios, empleos y bienestar perdidos.
De poco han servido los 36 cambios constitucionales introducidos durante el primer tercio de su gestión hasta el momento. Las instituciones y mecanismos sustitutos instaurados por la 4T, en muchos de los casos no tienen ni siquiera reglas de operación lo que propicia falta de eficiencia, cuando no corrupción, en el manejo de recursos públicos.
Extraviado en sus traumas ideológicos, el fraseo simplón en el que se refugia el primer mandatario, vende bien entre sus seguidores, pero carece de los elementos necesarios para dar forma a programas y acciones de gobierno. A trompicones, la gestión lopezobradoriana empuja todo lo que se le ponga enfrente: Estado de derecho, división de poderes, democracia, rendición de cuentas, transparencia.
En términos estrictos, es un gobierno de mentiras y fachada que trata de esconder todo lo que ha descompuesto o destruido. Antes que reconocer sus errores, López Obrador prefiere tapar el pozo después del niño ahogado, sin que por ello logre modificar de fondo las múltiples equivocaciones cometidas.
El caso más sintomático es lo que ocurre en el sector salud que, ante la llegada del Covid-19, ha tenido que improvisar decisiones e instalaciones, por el menosprecio presidencial a la gravedad del virus.
Actitud que sigue manteniendo, al desechar una de las principales recomendaciones de los organismos internacionales de salud, que es el uso del cubrebocas. En cambio, para quedar bien destinará más de 1260 millones de pesos de los impuestos que pagamos todos los mexicanos a entregar “gastos funerarios” a los deudos de los casi 110 mil fallecidos -hasta la fecha- por Covid-19.
Sólo la presencia de la segunda oleada de coronavirus, que amenaza colapsar el sistema de salud del país, lo ha forzado a sugerir un decálogo preventivo; pregón al que tampoco le hace caso, dando un mal ejemplo a los ciudadanos, que ante eventuales medidas restrictivas bien podrían parafrasear su clásico: ¡al diablo con sus instrucciones!
Otro aspecto de suma gravedad, es el papel minimalista en que tiene a la administración pública que, como se ha visto, la convirtió en disfuncional y con manejo caprichoso, propenso a la corrupción, como se ha hecho público de familiares y funcionarios cercanos.
El desmantelamiento de dependencias y entidades federales; el ahogo presupuestal al que ha sometido a organismos y entidades federativas; y la reducción de salarios prestaciones a funcionarios públicos revelan que, en el fondo, el jefe del ejecutivo es un neoliberal vergonzante.
Para compensar la debilidad administrativa de su gobierno, López Obrador no sólo ha dejado en manos de las fuerzas armadas la seguridad nacional, la interior y la pública; cada día les otorga nuevas responsabilidades en el campo económico y ahora como repartidores de vacunas.
Al paso que va, dada la precipitación e ineficiencia gubernativa mostrada, se podría llegar al extremo de que la sociedad declare prescindible a la administración cuatroteísta.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Andrés Manuel López Obrador quiere estigmatizar el pasado corrupto del neoliberalismo. Aunque del presente dice no tener información ¿estará dispuesto a eliminar los vestigios públicos que se presentan entre familiares y funcionarios de su administración?
