A ciencia cierta se desconoce la reciente inclinación de Morena por elegir mujeres como candidatas a gobernadoras en cuatro entidades federativas, hasta el momento, sobre todo porque en dos años de gestión de Andrés Manuel López Obrador, la violencia de género y los feminicidios mantienen una tendencia en aumento.
Ciertamente, en el gobierno actual las mujeres ocupan un importante número de cargos y encargos dentro de la administración pública, que sería indicativo de la intención de ir avanzando en la paridad de género. Sin embargo, en la vida cotidiana poco más de la mitad de la población -el sector femenino- enfrenta situaciones no sólo de trato desigual, sino de acoso, hostigamiento y violencia, lo que eleva su vulnerabilidad.
Desdeñoso, el primer mandatario se niega a pronunciarse feminista y a reconocer el feminicidio como un tipo de homicidio en función de género, a grado tal que tiene diferencias marcadas en este terreno con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La “rebelión diamantina” de mediados de 2019, fue el primer llamado de atención a las autoridades federales y locales por el escaso compromiso de frenar y combatir la violencia contra las mujeres. Fue, entonces, que se emitió la llamada Ley Olimpia en prácticamente todo el país, sin que dicha disposición se tradujera en una menor tasa de actos de violencia hacia el sector femenino.
Organizaciones de derechos humanos han sido insistentes sobre la violencia feminicida que impera en México. Ejemplifican que, de enero a noviembre del presente año 2 mil 867 mujeres fueron asesinadas y, sin embargo, las autoridades únicamente tienen registrados sólo 724 casos como feminicidios.
Datos oficiales revelan que en los estados de México, Veracruz y la Ciudad de México se registran el mayor número de homicidios dolosos contra mujeres.
Asimismo, en lo que va del año, las llamadas al 911, por incidentes de violencia hacia las mujeres rondan el millón, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tomando como base estas estadísticas, agencias de Naciones Unidas en México calificaron como “pandemia” la violencia contra mujeres y niñas, que sufren siete de cada 10 en el país, fenómeno que se ha agudizado por los cambios que trajo el Covid-19.
En ese sentido, contrastan los pasos del gobierno lopezobradoriano hacia la paridad de género, inclusive con la emisión de una norma que promueve la paridad en todo, para revindicar las capacidades y talento de las mujeres, con su notoria y evidente falta de vocación feminista -no hablo de “empatía”, porque es un termino neoliberal, según el primer mandatario.
Dentro de esta lógica y en aras del marketing político, Morena se ha apresurado a cumplir con dicho mandato y con la disposición del Instituto Nacional Electoral para que cada partido político nomine a féminas en 7 de las 15 gubernaturas que estarán en juego en 2021.
Queda clara la terrible confusión existente entre los morenistas, para quienes la promoción de la paridad de género es equivalente a ser feminista.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Nada se sabe del tercer paquete de inversión en infraestructura que se iba a anunciar la semana pasada. Es poco probable que salga en este año; las reformas que se analizan en el Congreso de la Unión, en materia de subcontratación, de ajuste a las afores generan desconfianza en el sector privado, lo mismo que el aumento que se quiere otorgar al salario mínimo.
