Era el año 2009, habían culminado las elecciones y la LXI Legislatura se instaló formalmente. Varios cambios impulsados años atrás, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, obligaban a los partidos políticos a postular a por lo menos un 40% de candidatos del mismo género en la posición de Diputados Propietarios, exceptuando las candidaturas que eran resultado de una elección interna entre militantes de los partidos.
Se sugería tratar de llegar a la paridad de candidaturas entre ambos géneros, pero todos trataron de cumplir únicamente con el porcentaje obligado por la ley, sobre todo en los espacios de representación proporcional, conocidos también como plurinominales; fue justo en estas listas donde se desató uno de los más vergonzosos escándalos políticos de la historia legislativa reciente.
A penas instalada la legislatura, diputadas propietarias de diversos partidos (4 del PRI, 4 del PVEM, 2 del PRD y 1 del PT) solicitaron licencia, para dar paso a que sus suplentes, del sexo masculino, tomarán protesta del cargo sin violar la ley. La burla generó diversas reacciones que condenaban esta trampa y evitaron la aprobación de las licencias, sin embargo el cuento no terminó ahí, pues ante la negativa de licencia por parte del pleno, las ya conocidas como “Diputadas Juanitas” (en referencia a otro vergonzoso acto protagonizado por Rafael Acosta “Juanito”, candidato a delegado en Iztapalapa) dejaron de asistir a las sesiones, obligando a la Mesa Directiva a llamar a sus suplentes conforme a lo señalado en el reglamento legislativo.
Este hecho fue condenado por miembros la sociedad civil, medios de comunicación e incluso actores políticos que militaban en los partidos señalados por el fraude. José Woldenberg, ex Presidente del IFE, lo calificó como una “jugarreta indigna”. El saldo fue negativo, pues los suplentes varones accedieron a la curul, sin violar la ley, pero atentando contra la esencia de las reformas electorales conseguidas. Sin embargo el escandalo fue de tan magnitud, que a juzgar por los eventos ocurridos tras semejante abominación, hubo algo de positivo en todo este embrollo: se demostró el gran rezago de cultura política de género al interior de los partidos y su poco compromiso de brindar mayores y mejores espacios de representación popular a las mujeres.
Los cambios venideros fueron contundentes. En el año 2012, previo al nuevo proceso federal, el TEPJF resolvió que las candidaturas registradas para cumplir con la “cuota” debían ser ocupadas por miembros del mismo género tanto en el espacio de propietario como en el de suplente; un año después se aprobaría la reforma político-electoral que abordaba la paridad de género a nivel constitucional y se promulgaron mayores sanciones a los partidos que no cumplieran con estas disposiciones. Más recientemente, en 2019, una nueva reforma política a 10 artículos constitucionales, garantizando el derecho de las mujeres a ocupar la mitad de los cargos en prácticamente todas las áreas del poder público.
La trampa de “Las Juanitas” es condenable por donde se vea, pero no es un evento que debemos dejar en el olvido. Fue tal vez una de las formas más grotescas que hayan demostrado los partidos por poner trabas a los derechos políticos de las ciudadanas mexicanas, pero también un punto de inflexión que inspiró a millones de mujeres a luchar desde diversas trincheras, por asegurar espacios a los que debimos tener derecho desde décadas atrás.
El camino ha sido cuesta arriba, pero no debemos olvidar que en espacios como las gubernaturas, el Poder Judicial y los ayuntamientos, la representación femenina sigue siendo escasa, y hoy más que nuca, sin importar nuestras diferencias ideológicas, debemos trabajar sin descanso para que nunca una sola “Juanita” vuelva a hacerse presente en la vida política de nuestra nación.
