Cada vez son más notorias las limitaciones de la administración federal para atender con atingencia y prontitud los asuntos cotidianos de gobierno y que estos marchen sin contratiempos; ineptitud que se multiplica varias veces ante las dificultades, con el consecuente costo económico y social.
De poco han servido los 1.5 billones de pesos en ahorros que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no han detenido contagios ni decesos por Covid-19; tampoco para que no falten medicamentos a niños con cáncer, a enfermos de VIH, diabetes y otras enfermedades; mucho menos para garantizar la seguridad y disminuir la violencia.
La evolución económica de México en el presente siglo registró bajo crecimiento, pero con la llegada el cuatroteísmo se desvaneció y con la presencia del coronavirus se fue a las profundidades, lo que se tradujo en cierre de empresas, mayor desempleo, aumento de las desigualdades económicas y sociales. En suma, precariedad, pobreza en amplios grupos sociales.
La llegada de la vacuna antivirus y el probable control de la pandemia, en forma alguna son garantía de que las actividades productivas repunten en los meses por venir. Las decisiones de política económica del gobierno lopezobradoriano no ofrecen garantías ni sirven de aliciente a la participación del sector privado, salvo cuando se trata de la cofradía de la 4T.
Los múltiples anuncios para la galería de inversiones millonarias, que se publicitaron desde los primeros meses de la actual administración, apenas se han podido concretar -en el papel- medio billón de pesos. Un tercer acuerdo que iba a firmarse a mediados de este mes, sigue pendiente y no hay fecha para suscribirlo.
Ante la reticencia del sector empresarial de arriesgar su dinero, se ha creado el “Holding Sedena”, bajo los auspicios de López Obrador que, dejando de lado los ordenamientos de obras públicas, le ha entregado contratos al ejército para construir aeropuertos, bancos de bienestar y tramos del tren maya.
De hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha convertido en la principal “machuchona” de la 4T. Sin embargo, mientras no se modifiquen las leyes para permitir a las fuerzas armadas operar como empresa, su actuación es ilegal y más el gobierno que lo avala.
Existe inquietud en muchos sectores por el excesivo protagonismo económico de la milicia, que crece proporcionalmente a su retraimiento en sus funciones primarias de seguridad nacional, para ocuparse de la seguridad pública, sin grandes resultados.
Tal circunstancia fue expuesta por The Washington Post en un amplio reportaje firmado por Mary Beth Sheridan, en el que hace notar que las fuerzas armadas de México han asumido un papel más amplio en los asuntos del país que en cualquier otro momento desde el fin de los gobiernos liderados por militares en la década de 1940.
El artículo de referencia alude, sin embargo, a que “es poco probable que la dependencia a los militares resuelva el problema más urgente de México: los grupos criminales que están ganando cada vez más control sobre el territorio del país y desatando violencia extrema”.
Así, mientras la militarización de la economía mexicana avanza, porque el sector privado no está muy convencido de la estrategia del presidente López Obrador, el primer mandatario se envanece al contar dinero delante de los pobres, como el máximo logro de su gestión. Pobre gobierno rico y militarizado.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
A falta de políticas internas viables para hacer frente a la pandemia, en Estados Unidos se aprobó el proyecto de ley “Covid-relief” se incluye la sección 1901 denominada “Ley de Asociación Económica Estados Unidos-México”, mismo que se centra en promover los intereses económicos de ambos países. Dentro de esta sección se incluye la búsqueda por aumentar la cooperación en materia energética entre México y EU, así como abrir nuevas oportunidades para la inversión energética de los estadunidenses.
