La pretensión presidencial de sobreponer un acuerdo, que ni siguiera los abajo firmantes conocen, a lo estipulado por la Constitución y las leyes electorales, lo único que garantiza es la aparición de conductas antisociales antes, durante y después de la jornada electoral.
Desde ya, vemos cómo el encono gana terreno entre las distintas fuerzas políticas y grupos sociales, que es justamente el terreno al que López Obrador quiere llevar la contienda electoral, ya que es en el lodo donde obtiene ventajas indebidas en relación con sus contendientes políticos.
¿Por qué privilegiar el acuerdo entre machuchones de la política, en vez de comprometerse al respecto irrestricto del marco legal vigente? Por la sencilla razón de que él es experto y se ha beneficiado casi siempre de ese tipo de prácticas, con las que se consigue darle la vuelta al orden jurídico, sin importar que tan largo pueda resultar el litigio.
Cómo antecedentes inmediatos, tenemos las pretendías reformas que López Obrador pretende llevar a cabo en el sector energético, se caracterizan más por su lenguaje ideologizante que por tener sustento jurídico. Tales iniciativas estarían encaminadas a dejar de lado el mandato constitucional de favorecer la competencia,
En materia de electricidad, ya quedó suspendido su proyecto hasta nuevo aviso -cuando la Suprema Corte dictamine la constitucionalidad o no de su ley. En cuanto a la ley de hidrocarburos, adolece de similares características a su antecesora, por lo que las probabilidades de seguir el mismo derrotero son muy altas.
Dentro de ese mismo método, se inscribe el acuerdo por la democracia, condenado al fracaso frente a la ley, pero que le da excusas al primer mandatario de recuperar al buscapleitos que lleva dentro y, de paso, avanzar en su proyecto de mandar al diablo las instituciones que no le acomodan.
El aletargamiento por más de dos años de las huestes morenistas inquieta a López Obrador y las iniciativas energéticas tienen como propósito despertar a su partido en defensa de la soberanía en este campo y movilizarlo, con miras a la jornada electoral del 6 de junio.
Aun cuando dice no ser militante activo de Morena desde que asumió la primera magistratura, como sus antecesores sigue actuando como jefe de partido y fiel de la balanza, con el mismo criterio de simpatías y antipatías con el que gobierna.
Beneficiario primero -para competir por la jefatura del entonces Distrito Federal y víctima después, desde su punto de vista, en las elecciones presidenciales de 2006, quiere tener como escudo protector y arma de negociación su acuerdo por la democracia, para minimizar los efectos de un eventual descalabro electoral, incluso por encima de la legislación electoral vigente.
De aquí a que se instale la siguiente legislatura, los mexicanos estaremos en un escenario de litigio permanente hasta porque vuele una mosca. Que las diferencias se resuelvan en el ámbito de los tribunales, sería lo ideal.
Sin embargo, la beligerancia en el discurso de los actores políticos, de uno y otro signo, está lejos de ser un buen presagio.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Cinco veces cinco, la cifra catastrófica de muertes por Covid-19, reconoció el gobierno -a la chita callando-, con lo cual confirma lo exitoso de su estrategia de combate al coronavirus. En lugar de 60 mil, suman 321 mil fallecimientos, lo que otorga a México el lugar de honor en decesos, con relación a su población.
