Después de año y medio en el que prácticamente no se hablaban, el titular del ejecutivo y los representantes del empresariado se volvieron a reunir. Y como en las ocasiones anteriores, volvieron a hablar de paquetes de inversiones, cuando no se sabe qué pasó con los dos anteriores y que se quedaron muy cortos en cuanto a las expectativas.
Allá en los inicios del gobierno, a mediados de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador se refería a prominentes hombres de negocios como “minoría rapaz”, anuncia con bombos y platillos un primer paquete de inversión en infraestructura por alrededor de 800 mil millones de pesos, y meses más adelante el segundo paquete por más de medio billón de pesos.
Acuerdos que nunca se cumplieron a cabalidad, pues como reconoció el primer mandatario en su encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios, las inversiones por esta vía apenas si sumaron 525 mil millones de pesos.
No se necesita ser sabio para darse cuenta que el incumplimiento obedeció al mal ambiente creado por López Obrador, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta sus constantes ataques al empresariado, a quienes acusó, en no pocas ocasiones, de tener contratos leoninos.
La llegada del coronavirus contribuyó en buena medida a ahondar el distanciamiento social entre el presidente y el sector empresarial, salvo con aquellos que participan en sus obras emblemáticas, ya sea en forma directa o indirecta como subcontratistas de las fuerzas armadas.
Dos factores parecen haber influido en este nuevo acercamiento: el agotamiento de los recursos existentes en los fondos y fideicomisos y el resultado de las elecciones el pasado 6 de junio. Esperemos que el tono mesurado que privó en este reencuentro sea de larga duración, si se quiere que el crecimiento económico sea una realidad.
Aun cuando la recaudación de impuestos muestra signos positivos, sus montos apenas si alcanzan para cubrir los programas sociales instrumentados en esta administración, medio pagar las deudas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y avanzar en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
De ahí la urgencia presidencial de contar con el capital privado para llevar a cabo las obras e infraestructura que México requiere, si es que quiere aprovechar plenamente el T-MEC, por lo que prácticamente enterró su proyecto de una reforma fiscal progresiva, para gravar a los que más ganan.
Ante los miembros de dicho Consejo, López Obrador les aseguró que “no van aumentar los impuestos, quedó muy claro no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado. Al contrario vamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando en cuanto al desarrollo del país”.
“No hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación, fue todo en armonía yo le agradezco mucho a los empresarios del país”, señaló el presidente.
Aunque parezca precipitado decirlo, esta atmósfera de cordialidad entre el ejecutivo y el sector privado, sería indicador de que los duros del morenismo, impulsores de la reforma fiscal progresiva, han perdido influencia en el ánimo presidencial.
Al parecer, atrás quedaron los exabruptos. Una vez más la realidad económica y político-electoral se impusieron a los otros datos.
He dicho.
@Edumermo
