Si con el doble de personal encargado de la seguridad pública del país se han más que duplicado los homicidios dolosos en los primeros 27 meses del gobierno actual, comparado con el anterior, asegurar que la Guardia Nacional “ha cumplido con su deber en materia de seguridad”, además de autoengaño, es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos.
Los más de 88 mil muertos de manera violenta ocurridos en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador exhiben con crudeza la argumentación presidencial de que la GN ha crecido en calidad.
Al paso que lleva la violencia en el país, es muy probable que al terminar 2021, los fallecidos igualen o, tal vez, superen a los 100 mil uniformados que integran a la Guardia Nacional; es decir, por cada integrante de este cuerpo de seguridad federal habrá un muerto de manera violenta. Récord que lejos de presumirse, es una vergüenza.
Pero, muy orondo, López Obrador explicó que mientras la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos, de los cuales 50 por ciento eran administrativos; en tanto, la Guardia Nacional ahora tiene 100 mil integrantes, lo que significa un crecimiento 5 veces al del cuerpo de seguridad anterior.
A ese crecimiento cuantitativo debe corresponder un aumento semejante en el costo económico que pagamos los habitantes de México. Es decir, que ahora nos sale mucho más caro tener un cuerpo de seguridad que, en la práctica, es un matalote –en términos boxísticos.
El sueño de contar con una guardia cuasi pretoriana que hiciera frente y venciera a los malosos, debido a su esencia militarizada, se ha vuelto una pesadilla. Día con día vemos como los grupos criminales se han ido apoderando de importantes regiones del país, imponiendo condiciones no sólo a los ciudadanos, sino también a algunas autoridades.
Se suponía que con un cuerpo uniformado de seguridad, en donde se habría erradicado la corrupción existente en el pasado, los mexicanos dejaríamos atrás la sensación de indefensión. Sin embargo no es así, pues vemos cómo los machuchones de las drogas, el secuestro y la extorsión siguen tan campantes.
Las reuniones diarias del gabinete de seguridad, hasta el momento, no se han traducido en una estrategia eficaz para combatir al crimen. La pobreza de los resultados alcanzados durante el gobierno de López Obrador resta validez a esos encuentros entre los responsables de garantizarnos seguridad en nuestras personas y bienes.
Bien puede decirse que, ante los embates de la delincuencia, el gobierno cuatroteísta anda con la Guardia baja. Y si eso ocurre con la fuerza de seguridad federal, que cuenta con todo el presupuesto y apoyo presidencial y de las fuerzas armadas, qué podemos esperar de las policías estatales y municipales que, a duras penas, cuentan con el equipamiento y preparación necesarios para cumplir su función.
Atacar las causas que orillan a la población –sobre todo a los jóvenes- a cometer actos delictivos, tampoco ha mostrado eficacia alguna; al contrario, muchas de las ayudas las han pervertido los responsables de otorgarlas.
Vanagloriarse de los avances cuantitativos en la conformación y operación de la Guardia Nacional, sin mencionar cifras de la evolución de los delitos de alto impacto, lleva implícito el reconocimiento de la incapacidad oficial para solucionar la inseguridad en la que vivimos.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
En 2020, el país registró una pérdida acumulada de ingresos tributarios y petroleros por 399 mil 468 millones 700 mil pesos y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Tributarios (FEIP) sólo pudo cubrir 51.1 por ciento de la caída en la recaudación, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al presentar el primer informe de la Cuenta Pública del segundo año del actual sexenio. La ASF reportó además que el FEIP cerró 2020 con un saldo de solo 9 mil 479 millones 783 mil pesos y su reserva quedó en cero pesos.
@Edumermo
