Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue creyendo que su método de abrazos no balazos es el ideal para acabar con la inseguridad y la violencia, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas del país están siendo retadas por distintos grupos de delincuentes en Chiapas, Michoacán y Tamaulipas.
En días recientes, los enfrentamientos han dejado de ser únicamente entre distintas organizaciones criminales en sus cotidianas disputas de territorios. Ahora, el blanco de ataques son los cuerpos de seguridad del Estado, lo que otorga otra dimensión a la violencia que se vive en el país.
Estos ataques no parecen ser hechos aislados, sino parte de un nuevo plan de los grupos de delincuencia organizada, en momentos de relativo vacío político, por el interregno que se presenta entre las autoridades salientes y las que tomarán posesión después de su triunfo en las pasadas elecciones.
De continuar este tipo de acciones, debe interpretarse como que dichos grupos estarían lanzando un desafío a los tres niveles de gobierno, para saber hasta dónde están dispuestos a llegar en su combate a la delincuencia.
Lo más inquietante de este nuevo panorama es que parece haber un “acuerdo tácito” entre los distintos grupos delictivos por unificar esfuerzos y estrategias, a fin de debilitar a las autoridades locales, en primer término, como una forma de expandir su presencia y negocios en el territorio nacional.
La militarización del país, al asignarle a las fuerzas armadas realizar actividades económicas, en vez de concentrar sus esfuerzos para preservar la seguridad en México y sin poder hacer uso de la fuerza necesaria, las vuelve vulnerables, circunstancia que estarían aprovechando los malhechores.
El ejemplo es muy claro: si eso les hacen a las fuerzas federales, qué pueden esperar los cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales, cuyas capacidades de preparación y armamento dejan mucho que desear.
Es evidente que la postura del primer mandatario de no utilizar la fuerza del Estado para combatir a los cárteles con firmeza, lo interpretan como debilidad. Los magros resultados en la detención de cabecillas y sicarios, confirmaría la inutilidad de la estrategia gubernamental seguida.
El escalamiento en las formas violentas hacia las fuerzas armadas, debe ser motivo de preocupación de parte de la administración lopezobradorista y conducirlo a una profunda revisión de lo realizado hasta la fecha en esta materia.
Las emboscadas trascienden el mero ámbito de la seguridad; adquieren carácter político, pues los distintos niveles de gobierno deberán coordinarse y actuar con prontitud para impedir que los hechos violentos pongan en riesgo la gobernabilidad en las regiones donde actúa la delincuencia organizada.
Los múltiples informes que se presentan en las reuniones de los gabinetes de seguridad, federal y estatales, resultan ya insuficientes; es urgente dar una respuesta expedita y eficaz. De otra forma, quedaría la impresión que se le quiere engordar el caldo a la delincuencia.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Empresarios alemanes alzaron la voz y afirmaron que el crimen organizado y el pago de derechos de piso se han convertido en la principal preocupación entre los inversionistas germanos para hacer negocios en México, al demandar al gobierno mexicano que fortalezca la seguridad nacional.
@Edumermo
