Para el 30 de noviembre próximo, en tiempos cuatroteístas, rondará los 100 mil homicidios dolosos. Muertes que irán a la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador como testimonio fiel de su desastrosa “cruzada de abrazos” y que, como nunca antes, habían sido vistas con tanto desdén.
Porque más que cruzada contra la violencia y la inseguridad, la casi nula acción de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, debe interpretarse como la gestión de un gobierno que ha preferido quedarse de brazos cruzados a hacer efectiva su responsabilidad constitucional de garantizar la vida de los mexicanos en sus personas y bienes.
La negativa a hacer uso de la fuerza del Estado habla de un gobierno totalmente timorato, que confía más en los regaños y nalgadas a los delincuentes por parte de sus padres y abuelos que en la capacidad punitiva para controlar y desalentar actos delictivos.
De poco o nada ha servido duplicar los elementos de la Guardia Nacional, en relación con la Policía Federal; tampoco ha servido de gran cosa la militarización de la seguridad interior, si los indicadores de violencia y muerte siguen en niveles altísimos, alrededor de 80 crímenes diarios.
Los muertos por la violencia imperante en buena parte del país está lejos de atribuirse en exclusiva al narcotráfico. La trata de persona, la extorsión, el robo, el cobro de piso, son otros de los rostros violentos de los malhechores.
No obstante lo más grave no son las disputas territoriales entre grupos delincuenciales que causan zozobra y terror entre la población, sino el abandono gubernamental a la población de las regiones donde se registran estos conflictos.
Si el ejecutivo federal mantiene la misma estrategia (?) seguida durante la primera mitad de su administración, ciertamente asegurará su lugar en la historia, como el gobierno con mayor reguero de sangre y con los más altos índices de impunidad.
Tales estandartes serán los más recordados de su administración. Eso lo sabe y lo reconoce López Obrador quien, finalmente, acepto que si no logra pacificar al país, todo lo positivo que pudiera haber durante su gestión quedará en el olvido y él será estigmatizado igual o más que sus antecesores.
No obstante, rechaza modificar su estrategia de abrazos, no balazos, por lo que si a futuro se registrará una disminución en los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto, será más por el dominio territorial que ejercen los criminales, que por una acción efectiva de las autoridades.
Hablar de que México es un país en paz, tranquilo y con gobernabilidad son expresiones sin sustento real. Los recientes hechos de violencia registrados en varias entidades federativas, en especial en Chiapas y Michoacán, no son imputables solo a la delincuencia. La desesperación social se empieza a traducir en protestas y ataques contra las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
Esta especie de rendición de los cuerpos de seguridad, primero durante la captura y liberación de Ovidio Guzmán y ahora ante grupos de ciudadanos dispuestos a tomar las armas para defender su derecho a la vida, confirma la falta de mando para hacer valer la ley y brindar seguridad a los mexicanos.
Perseverar en la cruzada de los brazos cruzados que lleva a cabo el gobierno lopezobradoriano, más temprano que tarde tendrá efectos nocivos en la gobernabilidad del país.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos, como forma de impulsar la consulta, que nomás no prende.
@Edumermo