Fue tan virtuoso que unió, también en un hecho inédito, a las antípodas:
El gobernante de izquierda, López Obrador, y el considerado por éste como el “conservador” presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, coincidieron en calificar al proceso, cada uno por separado, como todo un éxito.
La mejor prueba de que fue un logro para el Presidente de la República lo constituyó el hecho de que contra todo pronóstico de opositores y de los propios obradoristas, el jefe de la Nación no despotricó sobremanera, ajeno a su costumbre, contra el árbitro mayor.
Y éste, acusando recibo de la leve ofensiva y del reconocimiento de ese ejercicio por parte de su principal detractor, no cedió ante las reiteradas provocaciones del periodista y conductor de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva, para calificar como un fracaso lo sucedido el pasado domingo, en razón de la relativa poca votación obtenida.
¿Un éxito, Lorenzo? Con apenas 7% de votos. ¿Se puede calificar eso como un éxito?, cuestionaba una y otra vez el periodista al presidente del INE y como respuesta obtenía de éste un también repetitivo y contundente “claro que sí”.
El argumento que unió a estos dos personajes antagónicos e irreconciliables fue que se logró movilizar a millones de ciudadanos, en un ejercicio nacional de democracia participativa, como son las consultas, desvinculado de una democracia representativa, como los procesos electorales, y que por la naturaleza propia de las mismas precampañas y campañas despiertan un mayor interés.
Para el presidente López Obrador constituye un triunfo, en gran medida producto nuevamente de sus “benditas redes sociales” y de la plataforma que para ese y otros efectos constituyen “las Mañaneras”.
El haber movilizado a esa cantidad de electores a las urnas, a pesar del indescifrable licuado de pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue un auténtico triunfo.
Y ahí sí es una derrota para el supremo tribunal del país, cuyo presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entregó al titular del Poder Ejecutivo una pregunta imposible de entender para ser aplicada en una consulta, efectuada a una semana de que exhibiera sus excentricidades y pésimo gusto en Nueva York.
Flaco favor les hizo a sus pares, el que atrajera los reflectores hacia un poder excesivamente caro, que permite a sus integrantes y sus familiares darse esos costosísimos lujos, que vomita el Presidente, mientras la inmensa mayoría de los mexicanos se debate entre sus hogares, el trabajo y los bajos salarios, en medio del rebrote de la pandemia.
La insensibilidad de Zaldívar Lelo de Larrea, que juega con la mano izquierda a ser de la 4T, pero con la derecha retorcida a ser “fifí”, aunque de negados gustos refinados, no dejó nada contento al mandatario, quien ya había acusado recibo de la inentendible pregunta que le había entregado para la consulta.
Y a una semana exacta de ese anhelado ejercicio de democracia participativa, éste le receta las caricaturescas fotos por una de las avenidas más caras del mundo, en una clara burla.
Nada más alejado de esa justa medianía, de la austeridad republicana profesada por el jefe del Ejecutivo y de los ideales del Movimiento de Regeneración Nacional, que lo exhibido por Zaldívar, quien cada vez más cae de la gracia presidencial, a pesar de lo que diga el mandatario en público.
Pero no solo de él, sino de la gracia de los integrantes de un Poder Judicial que, en opinión de un sector mayoritario de jueces, magistrados y ministros, ha despreciado y socabajado.
A pesar de esa pregunta de triunfo pírrico para la Corte, que le entregó Zaldívar Lelo de Larrea al Presidente bajo el argumento de que esa envoltura la cubriría de constitucionalidad, ésta tuvo que rehacerse, remar a contracorriente, y desde “las Mañaneras” posicionar la idea de que el verdadero significado de la pregunta era que si se quería que se enjuiciará a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedilllo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Y eso fue lo que permeó entre quienes acudieron a emitir su voto el domingo pasado.
Una pequeña encuesta realizada entre algunos familiares, amigos, conocidos y compañeros de trabajo que acudieron a votar, reveló que la gran mayoría ni leyó la pregunta, sino que, en automático, votaron por el sí, en el entendido de que éste implicaba estar a favor del enjuiciamiento a los expresidentes.
Un bloque menor sí leyó la pregunta, pero no entendió absolutamente nada, por lo que aplicó la misma lógica de los anteriores.
En resumen, al Presidente le funcionó su ensayo de democracia participativa, con miras al que se celebrará en marzo próximo para la revocación del mandato, ambos con miras al 2024.
En Cortito: A propósito de la amnistía que prepara la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego que el Presidente anunciara que antes del 15 de septiembre se dará solución a la situación por la que pasan más de diez mil presos que por diversas razones no han recibido sentencias de parte del Poder Judicial, hay que recordar que los jueces y tribunales otorgan 24 horas a los funcionarios para dar cumplimiento a un amparo, so pena de recibir una sanción que podría costarles el cargo que obtuvieron a través del voto
¿Cuál es el plazo que tienen los jueces para emitir sentencias? ¿Se han dado cuenta los jueces que tienen en sus manos los más de diez mil expedientes que desde hace más de 5, 10 o 15 años no han recibido sentencia?
Se puede argumentar que las sentencias no se han otorgado por exceso de trabajo, pero ¿los jueces son conscientes que cada día que pasa sin emitir una condena, significa un infierno para aquellos presos que podrían resultar absueltos e inocentes? Imaginemos el infierno que significa para aquellos que ven pasar uno, cinco, diez o más de 15 años sin recibir sentencia.
Los legisladores deberían analizar esta grave situación que genera el Poder Judicial, pues jueces y magistrados defienden a capa y espada sus canonjías, como los elevados salarios o el uso de tarjetas de crédito para sufragar sus gastos suntuosos, adicionales a sus excesivas percepciones –mucho mayores que las del Presidente-, pero duermen el sueño de los justos cuando de emitir sentencias se trata.
El decreto que emitirá el Ejecutivo representa en los hechos la solución a un grave problema del Poder Judicial, que no sólo no ha sabido o querido resolver, sino que por su incapacidad e indolencia mostradas afecta a miles de personas que pudieran ser inocentes, pero que se la pasan años en la cárcel por delitos fabricados o por viles montajes.