“El grado de civilización de una sociedad se mide entrando a sus cárceles.”
Dostoyevski
La gestión de los servicios penitenciarios es un eslabón débil de los sistemas de justicia penal de la mayoría de los países. Los sistemas penitenciarios, y los más de once millones de presos que hay en el mundo, se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia. Se estima que hay más de 527,000 prisioneros que se han infectado en 122 países, y que más de 3,800 han muerto.
Si antes de la pandemia ya muchos sistemas penitenciarios luchaban para poder satisfacer las necesidades básicas de los internos, y garantizar la salud dentro de las cárceles, hoy la situación resulta en un real riesgo sanitario.
En este contexto, la Ciudad de México, con sus cárceles sobrepobladas, niveles excesivos de hacinamiento, violencia, corrupción, tráfico de influencias, mafias, pago de cuotas, etc., se enfrenta ante la problemática de combatir la pandemia dentro de estos espacios.
Sin entender y atender primero este grave problema, el gobierno capitalino decidió enviar al congreso local una reforma de ley que busca desincorporar a los centros de reclusión de la Secretaría de Gobierno.
El Sistema Penitenciario de la Ciudad quedaría bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y, más allá de lo obvio, esta modificación deja entrever un trasfondo menos transparente; los motivos parecieran ser más de índole económica y política, que de beneficio para el propio sistema.
Si lo que se pretende modificar es el enfoque punitivo que ha prevalecido en nuestro país a lo largo de los años, las respuestas están en otro lado. Un mando policiaco abraza una herramienta punitiva, y no de reinserción social.
Al Instituto de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Gobierno, le compete el elaborar el Programa de actividades para la reinserción social y de trabajo postpenitenciario. Empero, la iniciativa elimina lo concerniente a la asistencia postpenitenciaria, vigente en la ley actual.
Pese a los compromisos hechos en esta materia, que buscan encaminar la formación y la capacitación hacia otra área, su cumplimiento está aún por verse. Como ha dicho Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta: entregar el manejo de los centros de reclusión a la Policía es un reconocimiento de que las cárceles son un factor de inseguridad, alejadas del objetivo de reinserción social.
Además, si la reforma busca la actualización de los protocolos de actuación, con perspectiva de género y protección de los derechos humanos, se tendría que estar pensando también en una reforma de tipo presupuestario.
Como se ha visto en las mejores prácticas a nivel global, transformar el sistema bajo un proyecto de reinserción social, en una ciudad donde se reconoce abiertamente una política penitenciaria fallida, debe de contemplar muchos más aspectos que el cambio de mandos.
Países como Noruega, Holanda o República Dominicana en América Latina, dan ejemplo de una normatividad humanizada; una infraestructura penal enfocada en los derechos humanos; un efectivo acompañamiento con cuidados comunitarios a quienes sufren de problemas psiquiátricos, y un distanciamiento del enfoque punitivo, centrado en un principio de normalidad.
La reforma en comento se mantiene pese a los pronunciamientos de instituciones de derechos humanos sobre la necesidad de fortalecer el enfoque de regeneración del tejido social. La moneda está en el aire.
