Ya cumplimos más de un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia. El año 2020 seguramente pasará a la historia como el año más aciago en términos de salud; desde la gripe española en 1918 y, también será recordado por la peor crisis económica desde la Gran Depresión (1929). Sin duda resentiremos las consecuencias sociales durante mucho tiempo.
La pandemia ha afectado, directa o indirectamente, a todos los habitantes del planeta. Se estima que hasta ahora, más del 10% de la población mundial ha sido infectada por el nuevo coronavirus. Este promedio esconde el hecho de que en muchos lugares de Europa, Estados Unidos, Brasil y México esta proporción podría ser mucho mayor. Con más de 10,000 muertes por semana, el COVID-19 es por ahora la tercera causa de muerte a nivel mundial y la principal en México.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela han dicho de manera reiterada, que el colapso en el sector salud ha sido consecuencia de la situación que encontraron al asumir el gobierno hace 3 años; irregularidades en la compra de medicamentos, hospitales abandonados y muerte de personas a causa de los problemas de funcionamiento de los servicios sanitarios. Han afirmado que tales irregularidades han hecho más difícil la atención de la situación de emergencia sanitaria; generada por la pandemia.
Lo cierto es que de acuerdo con los dichos del mismo gobierno, fue en enero cuando el sistema de salud comenzó a prepararse para “una simple gripe”, que no tendría mayores consecuencias, además que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró, en ese momento, que el sistema de salud del país estaba listo para enfrentar esta enfermedad. No obstante, el gobierno había planteado tres escenarios, pero aseguraban que en ninguno se tendría que llegar a una etapa de confinamiento, uso de cubrebocas y atención hospitalaria para enfermos.
Mientras que Palacio Nacional se llena de fuegos artificiales y aglomeración de personas por espectáculos para distraer la atención, hay una crisis de salud frente a esta tercera ola de contagios que requiere de atención urgente en virtud de que sigue causando muertes, tenemos la cuarta cifra más alta del mundo, y ahora en jóvenes y personas que no han recibido la vacuna.
En este momento la Secretaría de Salud federal ha informado que del 6 al 19 de septiembre, 2 entidades federativas estarán en semáforo verde; 13 en amarillo y 17 en naranja. Todo esto, derivado del ajuste de los criterios para la difusión de la semaforización; publicados en julio del presente año. De acuerdo con ello, en todo el territorio nacional la ocupación de camas se ubica en 48 por ciento, y la de camas con ventilador mecánico en 43 por ciento.
Una buena gobernanza implica la formulación y aplicación de políticas en beneficio
del público en general y no solamente enfocada a ciertos sectores. Necesita de fortaleza institucional y liderazgo eficaz. Los países que gozan de ambas condiciones, como Nueva Zelanda y Noruega, han tenido un buen desempeño durante la pandemia. A la inversa, un liderazgo deficiente e instituciones debilitadas son, obviamente, una mala combinación; desafortunadamente, México es un ejemplo de ello con 3,428,384 casos totales positivos y 263,140 defunciones actualmente.
No es una coincidencia que los mandatarios con peor desempeño en el manejo de la pandemia tengan líderes populistas. Tienen rasgos en común, como minimizar la gravedad de la afección, desalentar el uso de mascarillas, priorizar la economía sobre salvar vidas y negarse a unir fuerzas con oponentes políticos para desplegar una respuesta coherente. También interfieren activamente, implementando medidas sanitarias de corte ideológico y no epidemiológico. Hay que tener en cuenta que las consecuencias las ha sufrido y pagado la población con su propia vida; lo cual ha tenido efectos devastadores.
La protección de la salud es un derecho constitucional para toda persona, y resulta indiscutible que, durante la pandemia, a consecuencia de la debilidad institucional y el liderazgo ineficaz del Titular del Ejecutivo Federal, tal derecho ha sido gravemente vulnerado. Asimismo, las erróneas medidas administrativas han generado que los ciudadanos carezcan de acceso a los servicios e insumos para la salud. Por lo que resulta obvia la responsabilidad administrativa y quizá penal, de los funcionarios involucrados en las decisiones tomadas durante la presente pandemia.
Es necesario que iniciemos acciones para exigir el esclarecimiento y explicación de las decisiones que el Gobierno Federal y sus funcionarios han tomado durante la pandemia de Covid-19, y que han afectado la salud de la población, o que han retardado su solución.
Nunca es tarde para exigir al Ejecutivo Federal, que dé marcha atrás a los errores administrativos que ha enmascarado de buena voluntad por transformar el Sistema de Salud en beneficio de los mexicanos. Estamos a tiempo de atenuar los efectos negativos y de exigir que se responda frente al daño causado a la salud pública.
