A pesar de los amagos presidenciales de enjuiciar a los jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por inconstitucionales, las exageraciones del cuatroteísmo de querer ver como amenaza a la seguridad nacional los delitos fiscales.
A través de un comunicado, la SCJN precisó que en la sesión de Tribunal Pleno de este lunes algunas ministras y ministros señalaron que el legislativo se excedió también al pretender calificar como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Con ello queda de manifiesto que los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo necesitan regresar a la hoy repudiada UNAM a tomar clases de Derecho Constitucional, a ver si ahora sí aprenden cómo se confeccionan las leyes.
Con ello, se evitarían la pena de ser exhibidos con las continuas correcciones de que son objeto sus iniciativas y no harían quedar mal a su guía espiritual, que confunde doctrina con Derecho.
De igual manera, se ratifica la inutilidad del criterio de “no cambiarle ni una coma” a los proyectos legislativos enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo por su deficiente técnica jurídica, sino por su carácter ofensivo para la elevada responsabilidad que tienen los miembros del Congreso de la Unión.
Resalta, asimismo, el carácter legaloide y tramposo de la administración actual por querer saltarse las trancas de la ley, con tal de crear un marco jurídico caprichoso y a modo de los deseos presidenciales.
Cabe recordar que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República, si bien en este último sólo lo hicieron los legisladores del llamado bloque de contención, integrado por los partidos de oposición.
No es casualidad que este mismo día, el primer mandatario, en su mañanera, se refiriera a la posibilidad de enjuiciar en el patíbulo del salón Tesorería de Palacio Nacional a los jueces que no actúen como él quisiera, sin tomar en consideración las razones jurídicas que dan sustento a las resoluciones de los jueces.
Es dable esperar la reacción poco comedida de López Obrador hacia esta decisión de la Suprema Corte, no tanto por esta determinación, sino porque estaría por declarar en el mismo sentido -su inconstitucionalidad- a otras iniciativas presidenciales con semejantes o mayores dolencias jurídicas.
Es menester externar un amplio reconocimiento a los ministros y ministras de la Suprema Corte por la prevalencia que hacen del Estado de Derecho al cual aspiramos todos los mexicanos. Su apego a los preceptos de nuestra Carta Magna convalida la separación de poderes, inherente a toda República.
La etapa de reveses legislativos y legales para el presidente López Obrador no ha concluido. La conformación de la LXV Legislatura, por voluntad de los ciudadanos, y la confianza que despierta la SCJN, con toda seguridad pondrán corte a las “trampas de la ley” promovidas desde Palacio Nacional.
Ya lo dice el refrán popular: árbol que nace chueco, no estudia derecho.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
En todo el mundo, hemos sido inoculados con vacunas de emergencia, cuya durabilidad en la protección contra el Covid-19 no se ha hecho pública. Si con la influenza estacional, se recomienda vacunarse cada año, ¿qué ocurrirá con la del coronavirus?
En el caso de México, así como es de previsor el gobierno de López Obrador, seguro ya tiene reservado el presupuesto necesario y firmado los contratos para su adquisición en 2022 y años subsecuentes.
@Edumermo
