La salud, es un derecho humano consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este derecho ha sido gravemente vulnerado por los Gobiernos morenistas tanto federal como local.
Una de las primeras acciones llevadas a cabo por el Presidente, fue la desaparición del Seguro Popular, y anunció posteriormente que sería reemplazado por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que entró en operación en enero de 2020.
Con esa acción, el gobierno de la República sepultó 18 años de operación exitosa del Seguro Popular, el cual fue creado con el objetivo de brindar protección a todos los ciudadanos que carecían de seguridad en el acceso a la salud, otorgándoles por ese medio una herramienta encaminada a la protección de su derecho a la salud, asegurándoles la gratuidad en los servicios de salud, a la mayoría de la población.
De acuerdo con cifras del CONEVAL, una de las mayores carencias sociales que han sufrido los mexicanos entre 2018 y 2020, ha sido el aumento cercano al 12% de personas que han dejado de tener acceso a servicios de salud; la población sin acceso a la salud en este periodo pasó de 16.2% a un 28.2%.
Otros casos han tenido mayor impacto por su condición de vulnerabilidad, como es el de los niños que padecen cáncer, cuyos padres se han manifestado dada la falta de medicamentos e insumos. Es de resaltar que la Secretaría de Salud Federal tiene un sub ejercicio cercano a los 18,702 millones de pesos entre enero y abril de 2022, equivalentes a 31% de su presupuesto.
Los recursos que pertenecieron al fondo de gastos catastróficos han sido destinados para gastos “operativos” opacos dentro del INSABI. Hoy, de los 112 mil millones de pesos disponibles, el INSABI solamente cuenta con 69 mil millones de pesos, que además le son insuficientes. De los 55 millones de mexicanos cubiertos por el Seguro Popular, el INSABI solo ha podido atender 33 millones, esto significa 20 millones de mexicanos sin atención médica.
Las malas políticas del actual gobierno en salud, han costado mucho más que dinero. Son alrededor de 626,000 vidas humanas no oficiales (sobre mortalidad), consecuencia de un manejo centralizado y de decisiones tomadas unívocamente desde la Subsecretaría de Salud Federal quien sustituyó las atribuciones del Consejo de Salubridad General. Además, es necesario que se articule nuevamente el censo de enfermedades raras y otras acciones relevantes, como es la restitución del Fondo de Salud para el Bienestar y el fondo de gastos catastróficos desaparecidos durante la presente administración, que son los mínimos indispensables para la atención adecuada de la población.
Otro importante desacierto, es el hecho de que nuestros médicos, quienes han sacrificado su propia vida (literal) durante la pandemia, han sido criminalizados, otros despedidos, y algunos más trabajan en condiciones indignantes.
No olvidemos también la ofensa contra los nacionales, en el fraude de salud del siglo conocido como “Cubagate”, realizado en contubernio con el gobierno capitalino, en donde se erogaron 255 millones 873 mil 177 pesos al contratar a 585 “falsos médicos” para tratar pacientes mexicanos de COVID-19. Por cierto, dicho fraude fue minimizado por ambos gobiernos y nuevamente se contratará a 500 supuestos médicos de la isla.
El último desacierto que señalaré, es el caso inédito de los pasantes de medicina, quienes han tenido que alzar la voz para ser escuchados y detener la ola de inseguridad que viven actualmente, consecuencia del crimen organizado y la política de “abrazos” que les ha costado la vida a muchos de ellos.
Por lo anterior les preguntaría: Las acciones anteriormente señaladas, ¿No constituyen acaso una violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que deberían ser sancionados por el derecho internacional?
