El Morenismo ha comenzado a construir los escenarios para participar y verse favorecido en las elecciones del 6 de junio del 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 1,088 diputaciones locales, 680 ayuntamientos y la otra mitad de jueces y magistrados del Poder Judicial.
Una millonaria bolsa de recursos públicos y mecanismos de control que no pueden perderse ante una imagen que se deteriora y se desgasta cada vez más, consecuencia de las acciones conscientes y equivocadas de sus liderazgos que, por su impacto, golpean y merman la ideología que pregonan: “primero los pobres” y “quien manda es el pueblo”.
Para mantener el poder, sí prevalece la proactividad y no para resolver los problemas que aquejan a México, por lo que necesitan blindar el proceso electoral.
En el Legislativo restan al movimiento personajes como Adán Augusto López Hernández, vinculado a su exsecretario de seguridad de Tabasco acusado de encabezar una organización criminal; Gerardo Fernández Noroña que vive en la opulencia y se niega a transparentar la procedencia de sus recursos; Cuauhtémoc Blanco señalado por la Fiscalía de Morelos por un presunto intento de violación; Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Dávila cuestionados por conflicto de interés para favorecerse de los encargos públicos, entre otros.
A nivel estatal disminuyen las simpatías derivado de la negligencia, irresponsabilidad y mala gestión de algunos gobernadores: en Veracruz, Rocío Nahle García respondió mal, tardíamente y con soberbia a la población que sufrió por las intensas lluvias en la entidad, quien por cierto recibirá un aumento en su salario. El fracaso e impunidad que mantienen Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán para hacer frente a la violencia y regresar la seguridad, tranquilidad y paz a sus estados.
Hoy lo que estamos viendo es el rechazo de una ciudadanía que estaba callada y que está cansada, frustrada y enojada con sus autoridades y representantes. Las protestas en Michoacán demandan la renuncia del gobernador y anuncian un voto de castigo para Morena en 2027. La marcha a la que convocan los jóvenes de la Generación Z en todo el país el próximo 15 de noviembre, será para manifestar su hartazgo a la corrupción y exigirán justicia por parte de un Estado que no oye y que ha sido indiferente a sus necesidades.
Bajo este contexto, fue precisamente el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien allanó el camino para prolongar la hegemonía del Morenismo al presentar en septiembre pasado la iniciativa que modifica el Artículo 35 Constitucional para que la consulta de revocación de mandato presidencial pueda realizarse el mismo día de las elecciones de 2027 y no en 2028.
Entre los principales argumentos que sostiene para ver a la presidenta Claudia Sheinbaum en las boletas electorales de 2027 es el ahorro de 5 mil millones de pesos y la garantía de una mayor participación, a diferencia del proceso de 2022, cuando solo el 17.7% (16.5 millones de ciudadanos) del padrón electoral acudió a esa consulta.
Ante esa iniciativa, se dio el cuestionamiento de la oposición al señalar que se aprovechará la popularidad de la presidenta de México (según los periódicos El Financiero y Reporte Indigo tiene el 70% y 74% respectivamente) para inclinar las elecciones a favor de los candidatos de Morena y asegurar así el control del Poder Legislativo federal y de los cargos locales.
Pero es importante recordar que la popularidad de la presidenta de la República se sostiene, principalmente, en los programas sociales, por lo que el dinero es prioritario para mantener esa estructura. Solo para reflexionar hoy tenemos:
• Una economía que, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, crecerá solo el 1.0% del PIB en 2025, que contrasta con las estimaciones de otras instituciones que la marcan a la baja.
• El Banco de México anticipó que al terminar 2026 México habrá acumulado ocho años de crecimiento cero, con todo lo que eso representa.
• En 2026 la deuda pública ascenderá a más de 20 billones de pesos, según el Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios (CIEP) la deuda pública por habitante será de 151,000 pesos por persona, entre otros indicadores más.
Morena ve a la revocación de mandato como un mecanismo de legitimización masiva y de control político más que de evaluación democrática y fiscalización de la gestión pública, pero este instrumento se le puede revertir.
Es así que bienvenida la invitación de la presidenta Sheinbaum para reflexionar y discutir responsablemente el tema, y bien por el acuerdo asumido por los coordinadores parlamentarios de los partidos en la Cámara de Diputados para profundizar en el análisis, esperando que el diálogo trascienda lo que pasaría en caso de que el pueblo decida revocar el mandato.
