Dicen que en México no hay censura. Que nadie persigue opiniones. Que la libertad de expresión goza de cabal salud. Pero los hechos cuentan otra historia: hoy ya no sólo se intenta castigar lo que una persona publica en plaza pública o en redes sociales abiertas; también se ha querido castigar lo que dice en conversaciones privadas. Y cuando el poder entra a vigilar, valorar y sancionar lo dicho en un chat de WhatsApp, lo que está en juego ya no es solamente un litigio electoral: es la frontera misma entre ciudadanía y Estado.
El caso de Emma Zermeño encendió todas las alarmas. La activista y funcionaria sinaloense fue denunciada por mensajes privados dirigidos a un tercero, en una conversación de WhatsApp, a partir de capturas de pantalla usadas como prueba en un procedimiento por supuesta violencia política de género. La denunciante fue Almendra Negrete, diputada local con licencia y secretaria de Diversidad Sexual del CEN de Morena. El asunto escaló hasta el Tribunal Electoral federal, en medio de una discusión nacional sobre si el Estado puede convertir una conversación privada en materia sancionable.
Lo relevante es que, el 18 de marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral revirtió esa ruta y sostuvo, de acuerdo con lo reportado públicamente, que los chats de WhatsApp gozan de protección constitucional y son inviolables; además, el proyecto del expediente SUP-REC-52/2026 razonó que esas conversaciones privadas carecían de valor probatorio suficiente y adolecían de un “vicio de origen”. Es decir: incluso dentro del propio sistema electoral se encendió una señal de alarma frente a la tentación de normalizar la intromisión sobre conversaciones personales.
Y ese es el punto de fondo. El problema no es sólo un expediente. El problema es la lógica política que lo hizo posible. Porque cuando desde el poder se envía el mensaje de que una filtración privada puede usarse para perseguir, inhibir o ejemplificar a quien critica a una figura pública, se fabrica un ambiente de autocensura. No hace falta cerrar periódicos para restringir la libertad. Basta con lograr que la gente piense dos veces antes de hablar, escribir o disentir, incluso en confianza.
Esa deriva no aparece en el vacío. Llega en un país donde la vida digital ya es parte esencial de la vida cívica. En 2024, el INEGI estimó que 100.2 millones de personas usaban internet en México, equivalentes al 83.1 % de la población de 6 años y más. Además, 93.0 % de las personas usuarias dijeron conectarse para comunicarse y 90.6 % de quienes usan teléfono inteligente emplearon aplicaciones de mensajería instantánea. Traducido al lenguaje político: hoy la conversación democrática también ocurre en WhatsApp, Telegram y mensajeros digitales. Tocar esos espacios con lógica punitiva no es un detalle técnico; es meter al Estado en la sala de la casa.
Peor aún: esta discusión ocurre en un país donde la confianza en las instituciones está visiblemente erosionada. La ENVIPE 2025 del INEGI reportó que las razones más comunes para no denunciar delitos fueron la pérdida de tiempo, con 34.6 %, y la desconfianza en la autoridad, con 14.0 %. Además, 79.9 % de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2024 y apenas 0.8 % del total de delitos terminó en una resolución positiva para la persona denunciante. En otras palabras: en México falla gravemente la respuesta estatal frente al delito común, pero sí aparecen energías institucionales para procesar dichos, tuits, capturas y agravios de naturaleza política. Esa desproporción indigna, y con razón.
La contradicción se vuelve todavía más insultante cuando se mira desde lo local, desde lo municipal, desde la calle. La ENSU más reciente del INEGI señala que, en diciembre de 2025, 63.8 % de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad. Sólo 29.9 % consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes. Y los principales problemas urbanos identificados no fueron los chats incómodos ni las opiniones privadas, sino los baches, las fugas de agua y los embotellamientos. Es decir: a la ciudadanía le preocupan los servicios, la seguridad y la eficacia del gobierno; al poder, demasiado a menudo, le preocupa castigar al crítico.
Si “alcalizamos” el caso, la advertencia es todavía más seria. En México, miles de vecinas y vecinos se organizan en chats de colonia para hablar del presidente municipal, de la alcaldesa, del síndico, del regidor, del director de seguridad, del bache que no reparan, de la patrulla que no llega, del agua que falta, del abuso del funcionario local. ¿De verdad queremos abrir la puerta a que una queja política en un grupo privado termine como expediente sancionador?, ¿De verdad queremos que el ciudadano de a pie sienta que criticar a un poder local puede costarle un proceso? En el país municipalista, tocar el chat es tocar el último refugio del reclamo ciudadano.
No se trata de negar la existencia de la violencia política de género, que es real y debe combatirse con seriedad. Se trata de evitar que una causa justa se pervierta como herramienta de silenciamiento. Cuando todo agravio se estira hasta convertirse en sanción, se debilita la protección de las verdaderas víctimas y se banaliza un instrumento diseñado para defender derechos, no para blindar sensibilidades del poder.
Los antecedentes recientes tampoco ayudan a tranquilizar. El caso de la ciudadana Karla María Estrella —obligada a publicar disculpas durante 30 días por un mensaje en X contra la diputada Diana Karina Barreras— mostró cómo el aparato electoral puede ser usado de manera expansiva frente a expresiones críticas en redes. La discusión pública no nació de la nada: nació de una cadena de precedentes que muchos ciudadanos ya perciben no como protección, sino como castigo ejemplar.
Por eso el debate de fondo no es Emma Zermeño sí o no. El debate real es si México va a normalizar una censura de nueva generación: no la censura burda del periódico clausurado, sino la censura sofisticada del expediente, de la captura de pantalla, de la queja estratégica, del tribunal como corrector del disenso. Una censura que no siempre prohíbe hablar, pero sí encarece hacerlo. Una censura que no calla por decreto, sino por miedo.
La libertad se erosiona así: poquito a poquito, expediente a expediente, sanción a sanción, hasta que el ciudadano común aprende a callarse también en privado. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es electoral ni digital. El problema es democrático y de libertades.
Por Ricardo Rubio Torres
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