Ante la formación ilegal de la estructura electoral de los “superdelegados” al interior de diversas entidades, la diputada del PRD, Mónica Almeida López, aseveró que éstos son el resultado del vacío legal que se generó de manera premeditada por el partido del Presidente de la República, al sólo legislar los temas que lo mantienen contento.
“El que hoy sigamos teniendo a delegados de programas para el desarrollo activos en eventos públicos, en plena campaña preelectoral a favor de un partido político, así como promocionando su imagen, rompe con el principio de equidad en las contiendas electorales, acción generada por el partido mayoritario en la Cámara de Diputados”, señaló.
Recordó que existen diversas iniciativas de ley que proponían que los “superdelegados” se separaran de su cargo y no estuvieran en campaña como lo hacen hoy; sin embargo, estas propuestas quedaron en la congeladora legislativa al no estar en la agenda presidencial.
“Presentamos diversas iniciativas para legislar y resolver los vacíos de la ley, para que las contiendas electorales sean equitativas, esto ante los diferentes casos que se dieron a conocer, en donde los delegados de programas para el desarrollo desviaron recursos públicos para hacerse promoción personal”, indicó.
Refirió que con el objetivo de establecer una equidad en la contienda propuso dos reformas, una que busca modificar la Constitución y otra a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que estos funcionarios, en caso de aspirar a un cargo de elección popular, tengan que separarse de su cargo un año antes de celebrar algún proceso electoral.
“Las iniciativas existen, pero la mayoría ficticia en la Cámara no las ha dictaminado al interior de las comisiones y, por lo tanto, tampoco el trámite para someterlas a discusión del Pleno. Este vacío legal fue calculado con premeditación, buscado que estos actores políticos se beneficien, violando la Constitución y las leyes”, indicó Almeida López.
Lamentó que la agenda de la Cámara de Diputados sólo obedezca los intereses del Presidente, situación que coloca al grupo parlamentario de Morena y sus aliados, como quienes atentan contra la división de poderes, diluyendo de esta manera la democracia que dicen defender.