David Sánchez Isidoro, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Coacalco, es un claro ejemplo de cómo ascender y enriquecerse rápidamente en la política; le han bastado sólo cuatro cargos públicos para tener un patrimonio inmobiliario valuado en un millón de dólares y detonar su carrera como empresario.
También es una muestra de que cuando se es funcionario público se puede sacar provecho como empresario para así obtener bienes y propiedades, y de que evadir la justicia es posible cuando se busca regresar al poder sin importar el historial de irregularidades o cuestionamientos, incluso por supuestos vínculos con presuntos grupos del crimen organizado.
Pese a que el abanderado de la alianza denominada Va por el Estado de México estaría presuntamente inhabilitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar cargos públicos, por el delito de desacato a una sentencia de amparo, el priista busca su tercer periodo en el gobierno de Coacalco.
Panistas y perredistas en este municipio no estuvieron de acuerdo con la designación de Sánchez Isidoro e indicaron que no apoyarían al abanderado de la coalición; incluso, a una reunión del candidato con líderes del PAN en la demarcación, varios de ellos no asistieron. Pese a todo el priista insiste en ser presidente municipal.
Un ejemplo del priismo
La carrera política de Sánchez Isidoro, que inició en el 2000, despuntó entre 2006 y 2018 y con ella su enriquecimiento patrimonial. Llama la atención que fue durante el periodo del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que empezó el ascenso de este priista, el cual continuó y se fortaleció durante el sexenio presidencial peñanietista, ocupando cuatro cargos públicos.
Dicen que en política no hay coincidencias y este es un caso de análisis, sobre todo cuando el personaje que ha amasado una fortuna en bienes inmuebles fue felicitado por el priista Enrique Jacob Rocha como “un ejemplo dentro del priismo”.
De acuerdo con información recabada en registros públicos de la propiedad en Ecatepec, Estado de México, David Sánchez es propietario de nueve bienes inmuebles en Coacalco con un valor total de 20.6 millones de pesos, equivalentes a 1 millón de dólares, y que sumados dan 40 mil metros cuadrados de superficie.
La trayectoria política del candidato aliancista ha sido prolífica, ya que varios de esos bienes fueron adquiridos en menos de 10 años, (entre 2009 y 2018), es decir, casi al final de su primer periodo como presidente municipal (2006-2009), luego como diputado local (2009-2012), como diputado federal (2015-2018) y nuevamente como alcalde (2013-2015).
En esta “ola de abundancia” es imposible ignorar que entre diciembre de 2009 y julio de 2015, David Sánchez erogó un total de 15 millones 865 mil 547 pesos en transacciones inmobiliarias y que las compras se realizaron sin gravámenes ni hipotecas, es decir, que los pagos se completaron al momento de la adquisición.
De los inmuebles adquiridos, destaca el lote El Potrero, con un valor catastral de 4.7 millones de pesos, que obtuvo mediante un trámite de regularización, vía juicio de usucapión (llamado también prescripción adquisitiva, que se da por el hecho de estar en posesión de una cosa, ostentándose como si fuera dueño de la misma, y pasa a ser propietario), que tramitó en un juzgado civil y validó el Instituto Mexiquense de la Vivienda.
Y llama la atención lo gastado porque entre los años 2006 y 2015, el priista que de nuevo busca ser Presidente Municipal de Coacalco se mantuvo en cargos de la administración pública, lo que lleva a indagar acerca de sus ingresos como alcalde y como diputado local.
Con base en la revisión de declaraciones patrimoniales, plataformas de transparencia y medios informativos se sabe que para el periodo 2007-2015 su ingresos anuales por cargo público oscilaron entre un millón 100 mil pesos y un millón 300 mil pesos, con lo que se calcula que habría percibido 9.6 millones de pesos aproximadamente por cargo en 8 años.
Político con visión empresarial
Pero David Sánchez Isidoro no es nada más un político afortunado, sino también un empresario con visión, pues tiene un total de 110 acciones en al menos tres empresas con sede en el Estado de México. Varios de los accionistas de las empresas en que participa también tienen acciones en compañías relacionadas con el desarrollo inmobiliario y la venta y/o distribución de gasolina y/o hidrocarburos.
El candidato aparece al frente del Corporativo Esfuerzo Económico, dedicado a la distribución de gasolina y diésel, donde también participa su hermano Jesús Sánchez Isidoro, quien fue alcalde del PRD en Valle de Chalco de 2012 a 2015, es decir, que todo queda en familia.
Mientras que con José Rodolfo González González y Ricardo Roberto Wilde Ramírez -exfuncionario en Coacalco- invirtió en Inmobiliaria Ukla y Gogsai Desarrolladora, ambas enfocadas a la comercialización de bienes raíces; así como en Ecogas Ukla, dedicada a comercializar hidrocarburos.
Antecedentes legales y vínculos cuestionables
El aspirante ha sido señalado por sus vínculos políticos con personajes como José Manzur; empresariales, con José Rodolfo González González, quién es accionista en por lo menos tres de las empresas donde participa el propio David Sánchez, y también por su cercanía con supuestos grupos criminales, como señalan notas publicadas en diversos medios de comunicación entre 2009 y 2019.
Durante las gestiones de David Sánchez como alcalde de Coacalco la seguridad fue un tema delicado. Tanto que entre 2014 y 2015 el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para no viajar a este municipio por considerarlo uno de los más inseguros de México.
Las agresiones y ejecuciones de mandos policiacos y funcionarios del municipio fueron constantes e incluso se llegó a señalar a Sánchez Isidoro de proteger a presuntos grupos del crimen organizado. Algunos de sus colaboradores fueron detenidos al ser acusados de extorsión o por recibir sobornos.
Hasta ahora David Sánchez ha estado involucrado en 65 procesos legales, ya sea como parte demandada o parte demandante, entre los que destaca un amparo promovido por él en 2018 para evitar ser detenido, ante la orden de consignación emitida contra él y su cabildo (2013-2015) por la Suprema Corte al desacatar un fallo laboral.
