El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de la mano de su cuñado Rafael Martínez Ramírez, secretario general jurídico y actual operador del ayuntamiento de Zapopan han edificado su propia red de corrupción dentro del poder judicial.
Desde los sótanos del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Alfaro y Martínez Ramírez quitan y ponen jueces y magistrados a su antojo, además de favorecer económicamente al presidente del órgano judicial, Daniel Espinosa Licón.
La red de corrupción ha derivado en entregar casos jugosos a jueces a modo como Juan José Rodríguez, Javier García, Felipe de Jesús Rivera, Gildardo Landeros y Juan Paulo Dávalos.
Las indagatorias revelan que desde el consejo de la judicatura y en diversos juzgados del estado se ha metido mano para perjudicar a gente inocente que termina perdiendo todos sus bienes patrimoniales.
En la red también participa el fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, su secretaria particular Lidia Elizabeth Canales Rodríguez, el fiscal Especial Regional Horacio Torres Jaimes, así como el director de Seguimiento a Proceso y Litigación, Jaime Navarro Hernández.
Los operadores de este entramado desde el Poder Judicial han reprobado exámenes de control y confianza, siendo el juez Abel Martínez Delgado quien se encarga de colocar jueces a modo con la finalidad de sacar ganancias económicas.
